A casi un año del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner (y cuando no hay expectativa de encontrar algún dato relevante) la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del celular del asesor de Patricia Bullrich, Gerardo Milman.
La Cámara Federal porteña habilitó este jueves el secuestro del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, una medida que había sido solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la fiscalía en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
El tribunal de apelaciones decidió, por mayoría, revocar la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, y habilitar la medida, aunque ahora deberá sortearse otro escollo: por la ley de fueros, se precisaría autorización de la Cámara de Diputados, indicaron fuentes judiciales consultadas por Télam.
La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja, entre otras cosas por el tiempo transcurrido desde el hecho, reconocieron los abogados de la querella cuando se hizo la audiencia para reclamar que de todas formas se realizara.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que votaron por autorizar la medida, demarcaron que “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-“, según surge del fallo al que accedió esta agencia.
La búsqueda de información en el teléfono de Milman deberá “enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, enfatizaron.
Para ello, -explicitaron- “se deberá asegurar que, ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias, esa información sea recibida únicamente por el juzgado, a los efectos que la magistrada esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
La denominada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.
La reunión en el bar Casablanca, que en un principio fue desconocida por las asesoras de Milman es sus respectivas declaraciones testimoniales, fue probada por imágenes de cámaras de seguridad y luego reconocida por ellas mismas.
En ese contexto, de todas formas, uno de los jueces de la cámara Federal porteña opinó que no había material probatorio que habilitara a avanzar con una medida como la que pedían los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Rívolo.
“No hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, sostuvo Llorens.
“No pierdo de vista la gravedad del delito investigado, y sus consecuencias institucionales, como muchas veces hemos destacado desde esta Sala. Pero ello, no puede -por si solo- justificar una invasión a la privacidad que carece de apoyo probatorio y solo encuentra respaldo en una hipótesis que carece de sustento formal”, argumentó.
