El rechazo de los representantes del PRO, la UCR y el PJ se basó en las modificaciones a la actividad económica pesquera, minera, azucarera y vitivinícola que pretende establecer el Ejecutivo,a las que calificaron como un “tiro en el pie” y una “preocupación” .
Gobernadores del PRO, la UCR y el PJ lograron que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás con uno de los apartados de la ley ómnibus, al advertir como un “tiro en el pie” y una “preocupación” las modificaciones a la actividad económica pesquera, minera, azucarera y vitivinícola que pretende establecer el Ejecutivo. Luego de graficar como “un tiro en el pie” los cambios que ese proyecto de ley imponía al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien confirmó que habrá “clarificaciones” sobre algunos artículos, en lo que se configura como la primera marcha atrás del Gobierno antes del tratamiento de esa ley en el Congreso.
“Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan para tener un proceso de pesca más claro”, dijo Francos tras el encuentro con Torres y con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien también había rechazado los cambios. Pese a esta primera concesión del Ejecutivo, fuentes del Gobierno aseguraron a Télam que intentarán mantener el proyecto de permitir a extranjeros pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, que abarca desde la costa hasta las 200 millas hacia el mar. “Si ellos pagan un canon tienen libertad de pescar lo que quieran”, señalaron desde el Ejecutivo.
Con el proyecto de ley también se pretende modificar la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, entre otros puntos. “No entendemos algunos puntos, porque incluso es pegarse un tiro en el pie. Para una Argentina que necesita divisas y exportar, en el caso de la pesca, no debería ser lo mismo quien exporta langostino entero congelado que quien le agrega valor”, había dicho la semana pasada Torres en declaraciones a radio Rivadavia. Pese a que el mandatario chubutense, en sintonía con otros gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), manifestó que dará “músculo político para garantizar la gobernabilidad y acompañar en el Congreso” algunas partes de la ley ómnibus, no ocultó su disgusto y cargó contra uno de los asesores de Milei, Federico Sturzenegger.
“Debe saber de pesca lo que yo sé de física nuclear. Sorprende la torpeza con que se avanzó sin ni siquiera consultar al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina y sin consultar a los gobernadores, que tenemos la responsabilidad de sostener la paz social cuando los gremios están movilizados”, remarcó Torres y agregó que “hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida”. El planteo de Torres fue acompañado también con un comunicado conjunto de todos los gobernadores patagónicos: los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); y los provinciales Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Otra de las críticas fue del mandatario peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recalcó que la eliminación de la Ley 25.715 -que establece determinados aranceles para la importación de azúcar- “lesiona gravemente a la actividad azucarera”. “Desregular la actividad agroindustrial como es la caña de azúcar significa que cualquier país vecino puede introducir azúcar al país, por lo que va en desmedro de la actividad que genera 50 mil empleos tanto en los ingenios, trabajadores del surco, transportistas y comerciantes”, explicó Jaldo en rueda de prensa, y agregó que “la preocupación no sólo es de Tucumán sino también de los gobiernos de Salta y Jujuy”.
Tras este cuestionamiento, al que también adhirió el Centro Azucarero Argentino (CAA), Jaldo fue recibido en Casa de Gobierno por Francos, a quien le acercó “la problemática” de su provincia. “En este caso el ministro tuvo buena recepción y se comprometió a hablar con los ministros de las áreas del Gobierno nacional a los que afecte y con distintas autoridades”, planteó Jaldo, según indicaron a esta agencia fuentes partidarias. También criticó una parte de la ley ómnibus el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, que calificó como “desfavorable” la imposición del 8% de retenciones a las exportaciones de mercaderías del sector vitivinícola, una postura que derivó la semana última en una reunión entre funcionarios mendocinos y sanjuaninos, representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella.
“No está definido nada todavía sobre los derechos de exportación. Se va a debatir en comisiones en el Congreso cuando traten la ley ómnibus”, indicó el ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, al salir de Casa Rosada. Como parte de esa discusión, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció hace unos días que los diez mandatarios de JxC unificarán la “respuesta ante las decisiones del Gobierno nacional” ya que encontraron “problemas que se dan” en las regiones, y que determinarán en conjunto “cómo manejarse ante la incertidumbre macroeconómica nacional”.
Otro de los cuestionamientos al Ejecutivo fue realizado por los gobiernos peronistas de Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), quienes apuntaron contra la privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y contra la derogación de dos leyes sobre actividad minera, respectivamente. “Los recursos naturales les pertenecen a los riojanos y si se exploran y explotan van a ser un beneficio de La Rioja y Argentina, y no solamente de los pícaros que se quieren apropiar de los recursos naturales del país”, sostuvo Quintela en declaraciones a Radio 10.
La eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero (Ley 24.523) y del Banco Nacional de Información Minera (Ley 24.695), derogaciones contempladas también en el DNU de desregulación económica, terminan con la obligación de las empresas concesionarias de “abonar una tasa anual” y de “informar” sobre “productos ofrecidos o demandados al mercado”, entre otros puntos. “Tiene que venir con el Ejército acá porque no va a sacar ni una sola piedra sin el consentimiento de la provincia de La Rioja”, indicó Quintela sobre el litio, un recurso por el que el magnate estadounidense Elon Musk “está sumamente interesado”, según dijo el propio presidente Milei.
Por su parte, Jalil cuestionó la posible venta de YMAD -una de las 41 empresas “sujetas a privatización” en la ley ómnibus- al afirmar que se “desconoce la especial naturaleza de este ‘ente interestadual'” del que forman parte Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En una nota presentada a Milei, tanto Jalil como el rector de la UNT, Sergio Pagani, reafirmaron su condición de “propietarios” de YMAD, una empresa que tiene como objetivo la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio, una extensión de 344 kilómetros cuadrados ubicada en el corazón de Catamarca.
