La diputada libertaria, virtualmente expulsada del bloque oficialista, mostró en detalle los proyectos de ley que impulsarían sus compañeros de banca para liberar a represores de la última dictadura militar.
Después del escándalo destadado por la visita de diputados libertarios a represores en el penal de Ezeiza y la filtración de chats que demostraban cómo se organizó y quiénes estaban implicados, la diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta, una de las que asistió, aseguró desde un primer momento que fue sin saber a dónde iba. Se despegó rápidamente todo y hasta se sacó una foto con el libro de Nunca Más. De inmediato comenzó a tirar nombres y apellidos que comprometieron no sólo a sus compañeros de banca sino al propio presidente de la Cámara baja Martín Menem.
Ahora dio un paso más, luego de saber que por revelar información sobre lo sucedido será expulsada del bloque y publicó en su cuenta de X el proyecto de ley que se gestó en el marco de esa visita a la prisión para liberar a los genocidas.
“Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.
En el borrador del proyecto “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, se plantea: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
En tanto, en el decreto reglamentario, que debería llevar la firma del presidente Javier Milei, quien presuntamente no estaba al tanto de la reunión con los genocidas hasta que se filtró la foto de aquella visita a la cárcel, plantea: “Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”,
Es decir, la propuesta es que los genocidas que lleven más de 25 años en prisión, sean liberados pese a haber cometido delitos de lesa humanidad (que no prescriben).
