AySA propuso cambiar la forma en que la ubicación de un inmueble influye sobre la factura de agua y cloacas. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento, ERAS, convocó para el 26 de octubre una audiencia virtual sobre esa revisión. Lo que está en discusión es una redistribución de cargas entre usuarios: la empresa proyecta aumentos para parte de los hogares, reducciones para otros y un grupo sin modificaciones por este cambio.
La Resolución 41/2026 del ERAS somete la propuesta a participación pública y aclara que la convocatoria no anticipa la decisión final. El sitio institucional de la audiencia reúne el expediente y sus anexos. Esa documentación acredita el procedimiento convocado; no permite presentar como aprobado el esquema solicitado ni atribuir a la audiencia un resultado que no está publicado en esas fuentes.
Una discusión sobre quién financia el servicio
Los coeficientes zonales modifican los cargos alcanzados según la ubicación del inmueble. La propuesta de AySA pasa de once valores a cinco y utiliza información territorial para revisar la clasificación. La compañía sostiene que busca aproximar las cargas a la capacidad económica estimada de las zonas. Ese es el fundamento de quien solicita el cambio, no una comprobación del ingreso actual de cada hogar.
La tabla de usuarios residenciales del informe proyecta que cerca de seis de cada diez unidades tendrían subas. El resto se divide entre bajas y valores iguales. El promedio de aumento dentro del grupo que subiría es distinto del promedio para todos los usuarios residenciales. Confundir ambos números transforma una proyección por segmento en un incremento general que el documento no dice.
La gradualidad también necesita una decisión
Para los cargos afectados por los coeficientes, la empresa plantea limitar las subas mensuales al 5% acumulativo hasta llegar al valor previsto. Ese límite no describe un aumento universal del 5% sobre toda la boleta. También propone retirar en tres etapas el descuento del 15% de quienes, con la nueva clasificación, dejen de integrar el segmento alcanzado por ese beneficio. Las bajas se aplicarían desde el inicio del programa.
El destino de los recursos es otra parte de la discusión. AySA propone volcar el excedente de ingresos a la Tarifa Social. La norma recoge ese planteo y la cobertura de Infobae del 26 de octubre detalla sus efectos proyectados. Ambas fuentes remiten al mismo esquema: no son dos mediciones independientes de facturas efectivamente cobradas ni de hogares ya asistidos.
Qué debe responder el regulador
La empresa formula el pedido y los usuarios pueden presentar sus observaciones; el ERAS conserva la responsabilidad de decidir. Las opiniones de la audiencia no son vinculantes, pero la resolución establece que deben ser consideradas y que el organismo debe explicar cómo las tuvo en cuenta o por qué las rechazó. Allí se juega el control público de una decisión con consecuencias distributivas.
El siguiente documento relevante será la resolución fundada, con el alcance y las condiciones que eventualmente se autoricen. Hasta entonces, los porcentajes de la propuesta sirven para entender qué se pide, no para anticipar el importe de una factura individual. La capacidad económica de una zona y la de cada familia tampoco son equivalentes: esa diferencia es central para evaluar la relación entre el esquema territorial y la protección social.
Portada conceptual original de La Red, 26/10/2026, creada con IA integrada: medidor, factura y plano abstracto. No reproduce una boleta ni una delimitación territorial reales. Imagen interior: esquema editorial original de La Red.
