La norma del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos recibió dictamen y se debatirá este miércoles en la cámara baja. Hubo respaldo del macrismo al proyecto del peronismo. Y lo rechazaron otras fuerzas.
La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos, que recibió dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la cámara baja. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos, con el respaldo del PRO, que planteó disidencias parciales. Por su lado, la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal anticiparon que no firmarían ese despacho y confluyeron en un dictamen de minoría propio.
A pedido del oficialismo, el proyecto será debatido mañana en una sesión especial convocada para las 11, donde se discutirán además otras iniciativas que cuentan con consenso de todos los bloques, entre las que se encuentran la autorización para la entrada y salida de tropas para realizar ejercicios conjuntos, entre otras cuestiones.
Este proyecto sobre lavado es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Y el Gobierno espera urgentemente su aprobación ya que en septiembre Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Las principales diferencias con el dictamen de mayoría, según plantearon, es que el texto no profundiza en la autonomía de la Unidad de Información Financiera (UIF) y tampoco concuerdan con el proceso de designación del titular del organismo.
El proyecto fue debatido en el marco del plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio (FdT); y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), que no estuvo presente por estar con problemas de salud.
El texto, presentado por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado, tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
Entre otras cuestiones que se incorporaron al proyecto original, se acordó aumentar el monto de la condición objetiva de punibilidad de $ 300.000 a $ 8.600.000 y se estableció implementar como unidad de medida el Salario Mínimo Vital y Móvil a los fines de su actualización periódica, a la vez que se incorpora la pena de multa y se suprime pena de prisión.
Asimismo, el texto incorpora el concepto de operación inusual y sospechosa, de conformidad con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF.
Desde el PRO, Pablo Tonelli, destacó la voluntad del oficialismo para incorporar cambios propuestos por JXC para “hacer más eficiente” el organismo, aunque planteó algunas disidencias, entre ellas, dotar de mayor autonomía a la UIF, la modificación del procedimiento para la designación del titular del organismo e incorporar la facultad del organismo para querellar en causas penales. “Estamos satisfechos con las modificaciones, lo vamos a acompañar”, aseveró Tonelli al anticipar el respaldo de una parte de JXC al dictamen de mayoría.
Por su parte, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, reconoció el trabajo de búsqueda de consensos aunque se pronunció a favor de “seguir reclamando la autonomía del organismo”, y planteó la necesidad de que deje de estar en la órbita, al anticipar que presentaría un dictamen de minoría.
En ese sentido, desde la Coalición Cívica, Mónica Frade, dijo que son “poquísimas diferencias” con el dictamen de mayoría, aunque explicó que “son las diferencias entre dos modelos de organismo”. Según dijo, un modelo de organismo es el que lo plantea como “un brazo de los gobiernos”, en tanto que otro lo colocaría “exactamente en línea con las recomendaciones de GAFI”. “Uno que se va a mantener como un brazo de los gobiernos y lo que queremos es que esta oportunidad histórica conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las recomendaciones del GAFI”, dijo Frade.
Desde Evolución Radical, Alejandro Caccace destacó la necesidad de “actualizar esta legislación para evitar volver a caer en la zona gris”, y precisó que “la designación se base en el mérito, para que no haya influencia política”.
A su turno, el presidente del bloque del FdT, German Martínez, lamentó que no haya un dictamen de consenso, al sostener que no tenían “ninguna observación del GAFI en torno de la autonomía de la UIF”, y enfatizó: “A veces da la sensación que todo el trabajo de consenso no sirve, después hablamos de grieta y cuando hacemos un trabajo de consenso, lo que prima es el disenso”.
“Nadie tiene dudas de que el texto que proponemos es superador de la normativa vigente, no hay ningún retroceso, solamente hay avances, pero estas actitudes hacen peligrar su aprobación mañana”, dijo Martínez, y se preguntó: “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quien favorece la posibilidad de que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen?”.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen. La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del GAFI, y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad. La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios. A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”.
También, según el oficialismo, el proyecto es de vital importancia para atender la problemática de la narcocriminalidad, procedente del lavado de activos, a partir de la creación del Registro Público de Beneficiarios Finales, para conocer quiénes se encuentran detrás de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), proyecto impulsado bajo el gobierno de Mauricio Macri.
