Sin recursos para el funcionamiento básico y con una situación salarial cada vez más crítica, el segundo semestre universitario se inicia con paros y una nueva marcha federal. Según advierten, más del 50% de los cargos universitarios está por debajo de la línea de pobreza.
Esta semana se inicia un paro de 72hs en las universidades de todo el país en el marco de un conflicto presupuestario y salarial que lejos de encontrar solución continúa agudizándose en el marco del programa económico del gobierno nacional atado a un fuerte ajuste fiscal en partidas como las destinadas al funcionamiento educativo y con impacto en las condiciones de vida de docentes y no docentes.
Al borde de no poder seguir funcionando, los datos en materia presupuestaria muestran que, entre enero y julio de este año, las universidades recibieron 31% menos de recursos, con una reducción de las transferencias en el primer semestre que las ubicó 123 puntos por del incremento de la inflación en ese tiempo. De esta manera, presupuesto universitario llegaría este año a sólo el 0,24% del PBI, el valor más bajo en las últimas décadas.
En igual sentido, la pérdida salarial se traduce en que, según información del sector, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a alrededor del 50% de las y los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. “Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión”, alertó un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que subrayó que “la situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica”.
Desde este lunes comienza una nueva jornada de paros convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales en reclamo por el ajuste que el gobierno de Javier Milei viene aplicando en las partidas presupuestarias claves para el funcionamiento diario, y la magra situación de los salarios docentes y no docentes que se encuentran entre los de peor performance en este último tiempo. Si bien el oficialismo intentó hasta el viernes, sin éxito, evitar la medida de fuerza, lo cierto es que desde el sector ya se anticipó para septiembre la convocatoria a una Marcha Nacional Federal ante una situación que califican como “crítica”.
En lo concreto, según el último informe sobre ejecución presupuestaria de la Administración nacional elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre enero y julio de este año las universidades recibieron, considerando el impacto de la inflación, 31% menos de recursos, comparado con igual período del año anterior.
En detalle, el recorte de presupuesto se evidenció en el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores ($0,9 billones) con una caída del 31% interanual, así como de los salarios del personal no docente ($0,53 billones) con un recorte del 27% comparado con 2023. También se ajustó en la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario ($0,11 billones) con 35% menos de fondos, y en la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios ($0,04 billones) con un descenso del 25% interanual.
Asimismo, un informe elaborado por la consultora MacroData reveló que las universidades que más sienten el ajuste son la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As; la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo con recortes del 100% de los fondos. Desde esta última casa de estudios señalaron que desde enero no se realizaron las transferencias para gastos de funcionamiento y para salarios docentes y no docentes en el marco, además, de la intervención “fraudulenta e ilegítima” dispuesta por el gobierno nacional. Al listado se suman, entre las que evidencian mayores recortes, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (-70%), la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (-61%), la Universidad de Hurlingham (-59%), la Universidad de Rafaela (-54%), y la Universidad Nacional de Moreno (-53%), entras otras.
“El presupuesto prorrogado de 2023 es notoriamente insuficiente para afrontar las necesidades de las universidades para todo el año, se incrementó sólo en 1,6% ($22.329 millones) durante los primeros 6 meses del año”, detalló al respecto el último informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En esa línea, y si se comparan los montos transferidos con el efecto del proceso inflacionario, se advierte que “en junio el Estado Nacional transfirió $ 364.805 millones a las Universidades Nacionales, lo que representa un 106,3% más que el año pasado, sin embargo, en el mismo lapso la inflación interanual fue de 271,5%; es decir que quedó 165,2 puntos por encima de las transferencias”.
En igual sentido, si se mide en términos del primer semestre, se transfirió $1.351.829 millones, un 152,8% más que el año pasado pero la inflación promedio interanual fue de 276,4%, es decir que las transferencias quedaron 123,6 puntos por debajo de la inflación.
Un aspecto no menor también señalado por el IEC tiene que ver con que, a nivel de ejecución de las partidas, solo en el primer semestre de 2024 ya se devengó el 93% del presupuesto vigente, superior al promedio de los años 2015-2023 (51%). “Casi la totalidad (99,9%) de las transferencias realizadas corresponden al programa ‘Desarrollo de la Educación Superior’ de la Secretaría de Políticas Universitarias –SPU-. El resto de los programas y ministerios no ejecutó el presupuesto disponible, con la excepción de $82 millones, que en su mayoría fueron ejecutados por el programa “Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público” del INAP, dependiente de la Jefatura de Gabinete”, puntualizaron.
Sobre lo anterior, “el alto nivel de uso del crédito para esta altura del año explica la necesidad de ampliar el presupuesto anual, dado que el saldo sin ejecutar es notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades presupuestarias de los próximos meses”, alertaron desde Conadu y agregaron que “para que el presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias destinado a transferencias a universidades recupere en 2024 lo perdido con respecto a la inflación, sería necesario un aumento de $3 billones de pesos, un 221% (0,51% del PBI)”.
En el caso de las transferencias de capital, es decir, el presupuesto dirigido a realizar inversiones en universidades, el crédito vigente a junio de este año (prorrogado de 2023) fue de $31.748 millones, “lejos de actualizarlo como corresponde siguiendo una inflación, el gobierno recortó adicionalmente el presupuesto en el mes de abril restándole $165,5 millones. La ejecución a junio fue nula, en sintonía con la suspensión de la totalidad de la obra pública nacional”, detalló el informe al que accedió este medio.
En cuanto a los fondos destinados a las becas universitarias crecieron nominalmente un 48% entre los primeros seis meses de 2023 y el mismo período de 2024, lo que representa, considerando el impacto de la inflación, una caída que escala al 61%.
Mirando lo ocurrido en los últimos años y la profundización de los recortes a las universidades de todo el país en los primeros meses de gestión libertaria, el informe subrayó que “se viene produciendo una caída sostenida del Presupuesto Universitario frente al PBI (nominal), lo que se vincula a la licuación que produce el crecimiento en espiral del proceso inflacionario”.
Como resultado, “el presupuesto universitario en 2024 se encuentra especialmente desactualizado por surgir de un proceso de prórroga y por el impacto inflacionario de las medidas económicas y llegaría a sólo el 0,24% del PBI”, esto es “el valor más bajo en las últimas décadas”.
En los últimos días, el Ministerio de Capital Humano de la Nación publicó un comunicado asegurando que los salarios de los docentes universitarios registraron una recuperación en su poder adquisitivo ya que “aumentaron un 71% de diciembre a julio”. Frente a ello, diversos sindicatos docentes, Consejos Superiores de Universidades y el Consejo Interuniversitario Argentino salieron a desmentir a la cartera que conduce Sandra Pettovello, al mismo tiempo que rechazaron el aumento que el último viernes, en un intento fallido por frenar el paro de esta semana, realizó el Ejecutivo con una oferta que incluía una suba salarial del 3% en agosto y del 2% en septiembre, cuando el reclamo exigía al menos 40% de incremento.
“Del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y no docentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas”, señaló el comunicado del Consejo Interuniversitario. En cuanto a los números, se detalló que “es cierta la afirmación del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio. Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal”.
A este escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitario que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), “esto agudiza gravemente la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido”,
De cara a la medida de fuerza de esta semana se agregó que “durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente la gravedad de la situación con la expectativa de encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN y las representaciones gremiales docentes, no docentes y estudiantiles manifestamos en conjunto nuestra alerta. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la sostenida advertencia, no se haya decidido aún ni siquiera garantizar con sistematicidad el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional. Es necesaria una recomposición salarial urgente, a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo”.
Sobre esto último, datos relevados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) del Conicet muestran que, en este tiempo, los ingresos de los docentes se ubicaron por debajo de los del sector público. Así lo indicó un informe del investigador Javier Curcio, publicado en la revista Alquimias Económicas quien señaló: “Si partimos de los niveles vigentes a comienzos de diciembre de 2023, los salarios universitarios se ubican 55 puntos por debajo de la inflación acumulada hasta julio de 2024. Por su parte, el Índice de Salarios relevado por el INDEC, muestra una actualización al mes de mayo (último dato disponible) del conjunto de los salarios públicos 14 puntos por encima de los sueldos universitarios en el mismo período. Por su parte, al considerar los últimos ajustes paritarios del personal civil de la Nación, al mes de julio se llega a una recomposición del 96% desde diciembre frente a un 81% para los trabajadores universitarios. Incluso puede destacarse que la evolución de los salarios docentes resulta todavía más desfavorable que la de aquellos trabajadores no registrados. Es decir, se ubica por debajo del conjunto de trabajadores que no poseen una actualización en su sueldo vía negociación colectiva”.
De igual manera, estimaciones del sector universitario indican que, en términos reales, un profesor adjunto con dedicación exclusiva perdió, al menos, un 30% en términos reales desde diciembre a esta parte: está cobrando $839.116, un monto inferior al salario que debería cobrar si las paritarias hubiesen mantenido el ritmo inflacionario ($1.101.444). “La devaluación y la liberación de precios decretada en la primera quincena de diciembre del 2023 dispararon la inflación a valores históricos (125,5% entre diciembre y junio). A su vez, el gobierno realizó un control estricto del salario, el único “precio cuidado”, otorgando actualizaciones insuficientes (67,81% para el personal docente en general, y sólo 23,71% para los cargos iniciales entre diciembre y junio). Estas dos razones, generaron un enorme atraso entre sueldos y precios, la diferencia entre actualizaciones salariales e inflación fue de 57,7% para el caso general y 101% para el cargo inicial”, señalaron desde Conadu Histórica.
Finalmente, el informe del IEC destacó que para fines de junio la Secretaría de Políticas Universitarias mantenía una deuda entre los montos devengados y no pagados que ya llegaba al 36,4%. A inicios de julio se encontraban impagos $351.265 millones, en su mayor parte, partidas destinadas a salarios.
