En medio de los devastadores incendios que asolan la Patagonia, el gobierno argentino ha intensificado su retórica contra el Pueblo Mapuche, señalándolos como responsables de los siniestros y favoreciendo políticas que facilitan la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. Esta postura no solo estigmatiza a las comunidades originarias, sino que también pone en riesgo la soberanía territorial del país.
Recientemente, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció que el gobierno declarará a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como “organización terrorista”, atribuyéndole la responsabilidad de los incendios en la región. Esta acusación ha sido rechazada por líderes mapuches, quienes afirman que “ningún mapuche incendiaría un bosque” y señalan que estas imputaciones buscan instalar la idea de un “enemigo interno” para justificar acciones represivas
Paralelamente, el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Esta normativa establecía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, permitiendo que solo el 15% de las tierras rurales estuvieran en manos foráneas y fijando un máximo de 1.000 hectáreas por titular en zonas agrícolas clave. Con su derogación, se eliminan estas restricciones, abriendo la puerta a una mayor extranjerización de territorios estratégicos, incluidos aquellos con recursos hídricos y minerales de gran valor
Estas acciones gubernamentales han generado preocupación entre ambientalistas y defensores de los derechos indígenas, quienes temen un avance desmedido de intereses empresariales sobre territorios ancestrales y áreas protegidas. La combinación de políticas que señalan al Pueblo Mapuche como enemigo y la flexibilización en la venta de tierras a extranjeros amenaza con profundizar conflictos sociales y debilitar la soberanía nacional sobre recursos vitales.
Es imperativo que el Estado argentino promueva el diálogo y la inclusión, reconociendo y respetando los derechos de las comunidades originarias, y garantice la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones.
