El Gobierno ha designado a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista, acusándola de incendios en la Patagonia. La decisión, oficializada el 14 de febrero de 2025, ha generado reacciones adversas, ya que se teme que criminalice la protesta social y afecte los derechos de las comunidades indígenas.
El Gobierno designa a la RAM como organización terrorista
El Gobierno declaró como organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), atribuyéndole responsabilidad en recientes incendios en la Patagonia. La medida fue oficializada el 14 de febrero de 2025, en un comunicado en el que se argumentó que el grupo ha incurrido en actos que atentan contra la seguridad nacional. La decisión generó reacciones diversas en sectores políticos y comunidades indígenas.
La RAM es un grupo que, según diversas denuncias e informes de inteligencia, ha reivindicado ataques incendiarios y ocupaciones ilegales de tierras en la región patagónica. Su postura se ha basado en la defensa de territorios que consideran ancestrales, en conflicto con intereses estatales y privados. El Ejecutivo sostiene que sus acciones constituyen una amenaza al orden público y justificó la clasificación con base en antecedentes judiciales.
El ministro de Seguridad expresó que el fallo busca fortalecer la lucha contra el terrorismo y dotar a las fuerzas de seguridad de mayores herramientas legales. Sin embargo, sectores opositores y referentes de derechos humanos cuestionaron la calificación, argumentando que podría criminalizar la protesta social. ¿Qué implicaciones tendrá esta medida a nivel judicial y político? ¿Cómo responderán las comunidades mapuches ante esta determinación?
Antecedentes y reacciones
La RAM ha sido mencionada en distintos episodios de violencia en la Patagonia, incluyendo incendios, ataques a propiedades y enfrentamientos con fuerzas policiales. En los últimos meses, la escalada de incidentes llevó al Gobierno a reforzar su presencia en la región. Los incendios recientes fueron señalados como uno de los motivos principales para la designación de la RAM como organización terrorista.
Desde el ámbito judicial, varias denuncias sostienen que la RAM actúa bajo una estructura descentralizada, lo que dificulta su desarticulación. No obstante, organizaciones indígenas han negado la existencia de un grupo con la magnitud que se le atribuye y denuncian que la decisión gubernamental criminaliza la lucha por la recuperación de territorios.
El gobernador de la provincia afectada sostuvo que la medida busca “restaurar la paz y la seguridad” en la zona, mientras que legisladores de la oposición advirtieron sobre el impacto que podría tener en los derechos constitucionales de las comunidades indígenas. La declaración terrorista permitirá endurecer las penas para quienes sean identificados como miembros o colaboradores del grupo, además de habilitar el uso de herramientas de inteligencia contra presuntos integrantes.
El contexto actual presenta desafíos tanto en la aplicación de la medida como en la relación del Estado con las comunidades mapuches. ¿Podrá el Gobierno sostener esta determinación ante organismos internacionales? ¿Qué acciones tomarán los sectores afectados por la decisión? Estas preguntas quedan abiertas mientras se desarrollan los acontecimientos.
