El Gobierno decide no avanzar con el nombramiento de Ariel Lijo en la Corte Suprema debido a la falta de consenso en el Senado. Ante la resistencia política y dificultades para obtener respaldo, se contemplan nuevas candidaturas para el cargo vacante, buscando mantener opciones sin confrontar al Legislativo.
El Gobierno evalúa alternativas ante la falta de consenso
Ante la falta de avances en el Senado, el Gobierno ha tomado la determinación de no impulsar el nombramiento de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto. De este modo, la Casa Rosada busca evitar una eventual confrontación institucional y ya contempla la posibilidad de evaluar otras opciones para el cargo vacante.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la postulación de Lijo, si bien sigue vigente, no será forzada por un decreto en caso de que no logre los apoyos necesarios en el ámbito legislativo. Frente a la resistencia que ha generado su nombramiento en distintos sectores políticos y judiciales, el Gobierno considera otras alternativas para ocupar la silla vacante en el alto tribunal.
El juez federal, postulado por el presidente Javier Milei, necesitaba el respaldo del Senado para avanzar en su designación. Sin embargo, la falta de consenso entre los legisladores ha complicado el proceso, lo que obligó al Ejecutivo a reconsiderar su estrategia. La decisión de no avanzar por decreto marca un giro en la estrategia del oficialismo respecto a la Corte Suprema.
Resistencia política y falta de acuerdos en el Senado
Desde que se presentó su candidatura, Ariel Lijo ha sido objeto de críticas por parte de distintos sectores políticos y del ámbito judicial. Algunos senadores han manifestado su oposición a su nombramiento, argumentando dudas sobre su trayectoria y cuestionamientos en torno a su desempeño como magistrado.
La falta de acuerdo dentro de la Cámara Alta ha sido el principal obstáculo para la designación del juez, cuyo pliego permanece trabado sin una fecha concreta para ser tratado en sesión. La situación se agrava por la fragmentación política del Senado, donde el Gobierno no cuenta con una mayoría propia que le permita avanzar sin necesidad de negociaciones.
En este contexto, la administración de Milei ha optado por no presionar el proceso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo que le permite mantener abiertas otras opciones sin generar una confrontación con el Poder Legislativo. Esta postura refleja un cambio de estrategia con respecto a los primeros meses de gestión, cuando se apostó por una ofensiva más directa para concretar reformas en el Poder Judicial.
Posibles reemplazos y el futuro de la Corte Suprema
Fuentes cercanas al Gobierno anticipan que, ante la falta de apoyo suficiente para Lijo, se evalúa la posibilidad de presentar una nueva candidatura para el puesto en la Corte Suprema. Aunque no se han confirmado nombres, ya circulan diversas especulaciones sobre perfiles que podrían generar un consenso más amplio en el Senado.
El reemplazo de un candidato en este proceso no es inusual y responde a una estrategia política de adaptación a las circunstancias del Congreso. Mientras tanto, la Corte Suprema sigue funcionando con solo cuatro integrantes, una situación que el Ejecutivo busca resolver en el corto plazo.
Milei deberá definir próximamente cómo proceder en la búsqueda de una figura que pueda obtener respaldo suficiente en la Cámara Alta. La designación de un juez en la Corte Suprema representa un desafío clave para su administración, en un contexto donde el equilibrio entre el Ejecutivo y el Judicial es un factor determinante en la agenda política.
