El Ministerio de Infraestructura transfirió la gestión de los programas habitacionales Procrear y Casa Propia a la Secretaría de Obras Públicas. Esta medida, parte de la reorganización del gobierno de Javier Milei, genera incertidumbre entre beneficiarios y constructores sobre la continuidad de proyectos y la situación de los créditos otorgados.
Reasignación de competencias: Obras Públicas asume la gestión de los programas habitacionales
El Ministerio de Infraestructura dejó de gestionar los programas Procrear y Casa Propia, cuyas funciones fueron transferidas a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. La medida, confirmada por el gobierno nacional, implica que ahora será esta cartera la encargada de definir el futuro de los distintos planes habitacionales que estaban en marcha.
La modificación surge en el marco de la reorganización de estructuras ministeriales impulsada por la administración de Javier Milei. Esta decisión afecta a miles de beneficiarios que aguardaban soluciones habitacionales a través de los programas creados en gobiernos anteriores.
Desde Obras Públicas, señalaron que una de las prioridades será evaluar el estado de los proyectos en ejecución para definir su continuidad o darles un cierre ordenado. Sin embargo, aún no se ha anunciado un plan concreto sobre cómo se completarán las viviendas o qué medidas se adoptarán con los créditos otorgados.
Incertidumbre sobre la finalización de proyectos en marcha
La transferencia de la responsabilidad a Obras Públicas generó incertidumbre entre las familias que esperaban acceder a una vivienda a través de estos programas. Según fuentes del sector, hay construcciones en distintas fases de desarrollo que podrían quedar paralizadas si no se definen los fondos necesarios para completarlas.
El programa Procrear, lanzado en 2012, había sido una de las principales herramientas del Estado para fomentar el acceso a la vivienda, combinando financiamiento estatal con créditos hipotecarios a tasas subsidiadas. Por su parte, Casa Propia fue implementado en 2021 con el objetivo de ampliar las opciones de construcción y financiamiento para la adquisición de viviendas accesibles. Ambos programas beneficiaron a miles de familias, pero también enfrentaron dificultades presupuestarias en los últimos años.
El traspaso de estas iniciativas a Obras Públicas se produce en un contexto de ajuste del gasto público, lo que genera dudas sobre la posibilidad de finalizar los desarrollos habitacionales en curso. Distintas organizaciones del sector advierten que la cancelación de los proyectos podría afectar tanto a los beneficiarios como a las empresas constructoras involucradas en las obras.
El futuro de los créditos y la situación de los adjudicatarios
Uno de los aspectos que más preocupa a los beneficiarios es la continuidad de los créditos otorgados a través de estos programas. En el caso de Procrear, muchos adjudicatarios accedieron a viviendas mediante préstamos a largo plazo con condiciones especiales, que ahora podrían verse modificadas si se redefine el esquema de financiamiento.
Desde el sector de la construcción advierten que la falta de claridad en la gestión de estos planes podría generar un impacto negativo en el mercado inmobiliario, sumado a la incertidumbre económica general. Además, señalaron que la finalización de viviendas planificadas o ya iniciadas requiere una planificación financiera que hasta el momento no ha sido detallada por las nuevas autoridades.
A medida que avancen las decisiones administrativas sobre los programas Procrear y Casa Propia, los beneficiarios permanecen a la espera de definiciones sobre el cumplimiento de contratos y las condiciones de financiamiento. En tanto, el sector de la construcción y los municipios involucrados en estos desarrollos observan con atención los próximos anuncios del gobierno respecto al destino de las obras públicas en el país.
