Mientras pule con gremios y empresas la reglamentación de la Ley Bases, el Ejecutivo ya prepara una reforma más profunda, inspirada en la prédica de Federico Sturzenegger y con la vuelta de algunos postulados del DNU 70/23 y de emblemas de los ’90s.
En medio del proceso de reglamentación de la Ley Bases, el Gobierno ya planifica una reforma laboral más profunda que la implantada en esa norma y que contemple, entre otros puntos, la ampliación de la jornada de trabajo por convenio, la vuelta de los tickets de comida por fuera del salario y la habilitación para la firma de contratos con pérdida de derechos adquiridos. Esos ítems, inspirados en la prédica del ahora ministro Federico Sturzenegger, formarán parte de una ronda de diálogo que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, abrirá con sindicatos y cámaras empresarias en las próximas semanas y que permitirá, en la tesis libertaria, alumbrar nuevos proyectos de ley a ser enviados al Congreso.
Mientras tanto Cordero, que la semana pasada se reunió con la CGT y este miércoles hará lo propio con las principales cámaras patronales del Grupo de los Seis (industria, bancos, comercio, construcción, agro y finanzas), hará de la reglamentación de la Ley Bases un escenario de posible acuerdo social para congraciarse con los sindicatos y avanzar con las reformas de fondo. Entre los puntos que el Ejecutivo ofrecerá como muestra de buena voluntad figuran la posible atenuación de la norma que penaliza los bloqueos a empresas y de la que crea la figura del “trabajador colaborador” sin relación de dependencia.
Sobre el primer punto, la norma sancionada el mes pasado incluyó la figura del bloqueo a empresas bajo el paraguas legal de “grave injuria laboral” y por lo tanto, pasible de ser considerada motivo de despido con causa (es decir, sin pago de indemnización) y hasta de sanciones penales. Los funcionarios admiten que será posible incluir en la regulación una instancia previa al despido consistente en una intimación para evitar una pronta e irreparable pérdida del vínculo contractual. También contemplan reglamentar la figura del “trabajador colaborador” de modo de consolidar el lazo entre monotributistas como una modalidad asociativa de agentes libres y evitar el encubrimiento de relaciones de dependencia, como temen en los gremios.
Zanjada la instancia de la reglamentación de la Ley Bases, la administración libertaria espera avanzar con varias reformas más, algunas de las cuales figuraban en el capítulo laboral del DNU 70/23 que permanece frenado por un amparo en la Justicia del Trabajo y a la espera de la intervención de la Corte Suprema. En los equipos del Ministerio de Capital Humano mencionan como puntos no conflictivos la posibilidad de discutir un nuevo marco legal para la formación en el trabajo y hasta la vuelta de un mecanismo ausente en el mercado laboral desde hace 17 años: los tickets de comida como beneficios no remunerativos para los trabajadores.
Los denominados Ticket Restaurant, Canasta, Luncheon o de otras denominaciones fueron moneda corriente en los contratos de los años ’90 bajo el paraguas del artículo 103 bis de la ley de Contrato de Trabajo (LCT) que regula los “beneficios sociales no remunerativos” que cubren los empleadores y que no integran el cálculo salarial e indemnizatorio de los trabajadores. Su utilización fue derogada en 2007 por el Congreso a instancias de un proyecto de ley impulsado por el abogado laboralista y entonces diputado Héctor Recalde, quien a su vez había expuesto un intento de soborno captado por una cámara oculta en el que empresas de ese rubro intentaban torcer la votación.
Los funcionarios libertarios esperan una nueva normativa que vuelva a implantar como no remunerativos ítems como los tickets de almuerzo, los viáticos, los refrigerios, el transporte y otros como la cobertura de una empresa de medicina privada o incluso de un gimnasio. Varios de esos rubros la Justicia suele considerarlos no remunerativos pero en el Gobierno prefieren una regulación más taxativa para evitar juicios.
Otro punto que estaba en el DNU y que promete ser reimpulsado por el Ejecutivo es el de la modificación de la jornada laboral. En la actualidad rige el máximo semanal de 48 horas y el diario de 8 horas -a tono con estándares internacionales- pero en los planes oficiales está la posibilidad de una reforma que habilite jornadas de hasta 12 horas vía convenios colectivos de trabajo. Ese rango encontraría como único límite el de 12 horas de descanso entre jornadas laborales, que de momento no se prevé alterar.
El DNU incluía el establecimiento de bancos de horas, un mecanismo por el cual el tiempo de trabajo fijado en cada convenio podía ser distribuido a criterio del empleador. Cordero fue el año pasado, entonces como asesor legal de la Unión Industrial Argentina (UIA), uno de los expositores en el Congreso en contra de la ley de reducción de la jornada laboral. En esa oportunidad se viralizó en redes su reflexión ante los diputados: “Yo limito la jornada y entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? ¿Está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Quieren trabajar menos para ir afuera a hacer qué?”.
También figura en el plan de trabajo del Ejecutivo, siempre con la inspiración y la guía de Sturzenegger, uno de los puntos que promete mayor fricción con los sindicatos: la flexibilización del principio de “irrenunciabilidad” consagrado en la normativa argentina, y que establece que ningún trabajador puede aceptar condiciones peores que las que detenta en su contrato, ni un gremio tiene potestad para validarlas. Para los funcionarios ese principio sólo hizo más rígidas las relaciones laborales al punto de que la única forma de implementar un cambio unilateral en las normas contractuales es despedir al trabajador, indemnizarlo y recontratarlo bajo un nuevo esquema.
