En 2024, las provincias argentinas enfrentaron un ajuste histórico, perdiendo 4,2 billones de pesos, lo que representa una caída del 9,8% en la distribución de fondos. Este recorte, impulsado por el gobierno de Javier Milei para reducir el déficit fiscal, agrava la crisis económica y pressiona las finanzas provinciales.[Collection]
Ajuste nacional: provincias perdieron $4,2 billones en 2024
La distribución de fondos hacia las provincias sufrió en 2024 una caída de 9,8% en términos reales respecto al año previo, según los balances anuales. Este ajuste representa una merma de 4,2 billones de pesos, haciendo de este el peor desempeño desde 2015, con la sola excepción de 2016. El impacto de este recorte profundiza la presión sobre los gobiernos provinciales que ya enfrentan restricciones presupuestarias severas.
Coparticipación: un descenso marcado
Los números oficiales muestran que este año los giros automáticos por coparticipación y otros regímenes a los distritos provinciales quedaron significativamente por debajo de los niveles ajustados por inflación. La pérdida tiene una magnitud histórica, lo que pone en jaque a las finanzas regionales que dependen en gran parte de estas transferencias para su funcionamiento.
Las provincias que más sufrieron las restricciones fueron las que tradicionalmente tienen menores recursos propios y mayor dependencia de los envíos nacionales. Esta situación afecta directamente áreas claves como salud, educación y seguridad, obligando a las administraciones locales a realizar recortes o asumir deuda para mantener servicios básicos.
La perspectiva del gobierno nacional
Javier Milei, presidente de la República Argentina, defendió las medidas como parte de un compromiso con la reducción del déficit fiscal. En sus declaraciones más recientes, el mandatario aseguró que “se están sentando las bases para una economía genuina, sin los desajustes que arrastramos por décadas”. El ajuste implementado también se enmarca dentro de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien el país busca renegociar su deuda externa.
Impacto en los gobernadores
Los gobernadores de las provincias más afectadas han manifestado su preocupación. En numerosas oportunidades reclamaron ante el gobierno central una revisión de los criterios de coparticipación y la necesidad de un auxilio adicional ante las crecientes demandas en sus territorios. Sin embargo, desde la Casa Rosada no se han anunciado medidas paliativas concretas hasta el momento.
El debate sobre el reparto de los recursos nacionales continúa escalando, especialmente por los desequilibrios en la distribución. Algunos gobernadores opositores señalaron que la situación actual plantea serios desafíos para la gobernabilidad en sus jurisdicciones.
Un escenario complicado
El problema se agrava en el contexto de una inflación persistente que durante 2024 promedió cifras superiores al 140%, según las últimas mediciones del INDEC. Con una población que enfrenta una pérdida significativa del poder adquisitivo y tensiones crecientes en la economía, los gobiernos provinciales encuentran cada vez más difícil afrontar sus compromisos sin la asistencia del estado nacional.
A esto se suma el deterioro en otros indicadores fiscales, como la recaudación tributaria en pesos constantes, que no logra compensar la caída en los envíos desde el gobierno central. Para muchas administraciones locales, el margen de maniobra financiero resultó prácticamente inexistente.
La sombra del 2016
El único antecedente cercano a este nivel de ajuste en términos reales se remonta al año 2016, cuando las provincias también experimentaron una caída abrupta en los giros automáticos. Aquella vez, las restricciones se justificaron en el marco de una crisis económica tras el cambio de administración nacional.
Sin embargo, a diferencia de aquel entonces, 2024 se presenta como un año atípico por la magnitud del impacto financiero en medio de compromisos ya asumidos por las provincias en materia de gasto público.
A futuro
Mientras avanza el 2025, diversos analistas advierten que las tensiones entre las provincias y la Nación podrían recrudecer. La sostenida retracción en los fondos disponibles para los distritos provinciales amenaza con desatar nuevos conflictos, tanto económicos como políticos. Todo esto alimenta interrogantes sobre el vínculo entre los gobiernos locales y el central en un contexto de ajuste generalizado.
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