Victoria Montenegro denuncia el desfinanciamiento y posible desmantelamiento de los Espacios de Memoria en Argentina, acusando a altos funcionarios de violar la ley que protege estos sitios. Organismos de derechos humanos advierten sobre el deterioro y el impacto simbólico de esta situación, exigiendo una respuesta inmediata del Gobierno.[Collection]
En medio del escándalo por desfinanciamiento en los Espacios de Memoria
El conflicto que envuelve la preservación de los Espacios de Memoria en Argentina suma un nuevo capítulo, luego de que la legisladora porteña Victoria Montenegro lanzara acusaciones contra altos funcionarios nacionales, señalando un incumplimiento sistemático de la ley que protege a los ex centros clandestinos utilizados durante la dictadura militar como sitios de detención tortuosa. En un contexto de desfinanciamiento, Montenegro destacó que “estos lugares están siendo desmantelados frente a la complicidad y la inacción del propio Gobierno”.
Funcionarios en el centro de la polémica
Las críticas fueron dirigidas específicamente a Alberto Baños, quien ocupa un importante rol dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, y Mariano Cúneo Libarona, reconocido abogado de trayectoria mediática. Ambos fueron señalados como responsables de decisiones administrativas que, según la legisladora, vulneran la memoria colectiva. “Le están fallando a las víctimas y a las nuevas generaciones; lo que está ocurriendo es un ataque directo a los derechos humanos”, denunció Montenegro.
Específicamente, los Espacios de Memoria que han quedado bajo la lupa tras estas acusaciones incluyen el predio de la ESMA (Ex Escuela de Mecánica de la Armada), catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y otros sitios emblemáticos del país. Integrantes de organismos de derechos humanos y asociaciones de exdetenidos han advertido un marcado deterioro en la infraestructura y en los recursos asignados para mantener vigentes las actividades educativas y de preservación histórica.
Contexto y denuncias legales
Montenegro señaló que este escenario no es accidental, sino parte de una estrategia que viola normativas vigentes. En particular, aludió a la Ley 26.691, que declara de interés público y sujeta a protección a los sitios vinculados con la memoria del terrorismo de Estado. Según la legisladora, esta ley está siendo ignorada por los funcionarios responsables, lo que abriría la puerta a presentaciones legales en su contra.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura Porteña afirmó que este abandono está teniendo “un impacto devastador”. Además de los efectos materiales evidentes, Montenegro advierte que el descuido de estos espacios genera un retroceso simbólico y cultural significativo. “Desmantelar la memoria es también desmantelar la democracia”, expresó en un acto reciente, al tiempo que exhortó a las autoridades a brindar una respuesta inmediata a las denuncias.
Impacto político y social
La controversia no tardó en repercutir en diversos sectores de la sociedad. Organizaciones como la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo se hicieron eco de las denuncias e incrementaron la presión sobre la Secretaría de Derechos Humanos para revertir la situación. Por su parte, algunos sectores opositores han utilizado este escenario para criticar lo que consideran un “abandono generalizado” de las políticas de derechos humanos en los últimos años.
A pesar de la presión, los funcionarios señalados por Montenegro aún no han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones, aunque personas cercanas al entorno de Baños y Cúneo Libarona niegan cualquier intención de desfinanciamiento o desatención a los sitios históricos. No obstante, las cifras reportadas por diversos organismos muestran una marcada reducción en el presupuesto asignado, con recortes que superan el 35% en relación a años anteriores.
Un debate que no cesa
El asunto ha generado un debate profundo en el ámbito político y social sobre la prioridad que se otorga a la memoria histórica en un contexto de crisis económica. Para muchos, los Espacios de Memoria no solamente deben ser preservados como un recordatorio del pasado oscuro vivido en la última dictadura cívico-militar, sino también como herramientas pedagógicas fundamentales para prevenir futuros retrocesos democráticos.
Mientras tanto, Victoria Montenegro instó a la sociedad a mantenerse alerta y a movilizarse en defensa de estos lugares. “No podemos permitir que quienes deberían cuidarlos los utilicen para otros fines o los abandonen. Estos espacios son de todos y su valor no tiene precio”, concluyó en declaraciones recientes.
¿Cómo avanza el conflicto?
El desmantelamiento de Espacios de Memoria promete ser un tema que seguirá dando de qué hablar en los próximos meses. Organismos de derechos humanos ya adelantaron que llevarán adelante medidas legales y políticas para asegurarse de que los sitios históricos reciban la protección que la ley les garantiza. Por ahora, la falta de respuestas concretas de los funcionarios implicados mantiene latentes las tensiones y exacerba las críticas.
La situación será clave para evaluar el compromiso del Gobierno Nacional con las políticas de reparación histórica y con el respeto a los valores democráticos en un país que lucha por mantener viva la memoria del pasado reciente.
Fuente: Romina Veloso
