La Corte Suprema se alista para definir el futuro judicial de Cristina Fernández

La Corte Suprema de Justicia convocó a una reunión trascendental este martes a las 16 horas para resolver, tras meses de deliberaciones internas y presión política, el expediente conocido como “Vialidad”, en el que está condenada la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esta movida judicial fue impulsada por el propio presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, quien recurrió al artículo 84 del reglamento interno para oficializar la convocatoria, anticipando la inminencia de un fallo con potencial impacto institucional y político.

Lo que se espera no es solamente una definición judicial sino una jugada política de alto voltaje en medio de un tablero institucional marcado por tensiones cruzadas, desgaste del sistema judicial ante la opinión pública y un gobierno que mira con atención cada movimiento del máximo órgano constitucional. La resolución del caso podría reconfigurar tanto los escenarios judiciales como las próximas discusiones electorales dentro del peronismo.

El expediente, que gira en torno a presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas a Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas, amenaza con convertirse en uno de los puntos de inflexión más relevantes de la justicia nacional. La condena original —dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2— establece penas por administración fraudulenta contra el Estado, con énfasis en la existencia de direccionamiento sistemático en favor del empresario patagónico, basado en favoritismo político y estructuras paralelas de decisión.

Pese al fallo de primera instancia, el destino procesal de Fernández quedó suspendido hasta que la Corte se expida de manera definitiva. La causa llegó al máximo tribunal en un contexto de aguda polarización ideológica, donde la vicepresidenta ha sido sistemáticamente defendida por su sector político, que califica el proceso de “persecución judicial o lawfare”, al tiempo que sectores opositores exigen celeridad y firmeza institucional para afianzar la lucha contra la corrupción de alto nivel.

La decisión del presidente Rosatti de activar la convocatoria y forzar una resolución es leída por muchos como un intento de devolver centralidad y previsibilidad al alto tribunal, tras años de reproches sobre su lentitud o posicionamientos ambiguos. Aunque hasta ahora el hermetismo ha sido absoluto, fuentes judiciales no descartan que el fallo tenga un respaldo unánime o que, en su defecto, se trabaje una mayoría de tres votos, probablemente con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, dejando afuera a Lorenzetti si este decide tomar distancia nuevamente del consenso interno, como lo ha hecho en ocasiones delicadas.

Desde el kirchnerismo no se oculta la inquietud. Aún sin confirmación del contenido del fallo, el solo hecho de que el máximo tribunal ponga fecha para analizar la condena ha disparado una serie de reuniones dentro del Frente de Todos, ahora en rol opositor, donde se discute desde la estrategia comunicacional hasta un eventual operativo de capitalización política del fallo, ya sea en tono de mártir judicial o punto de ruptura con el sistema republicano.

Mientras tanto, el oficialismo libertario encabezado por Javier Milei observa con cautela. Aunque públicamente ha evitado intervenir o presionar, desde sectores libertarios dejan trascender que un fallo que confirme la condena podría sembrar las bases de una narrativa que sustente sus reclamos contra la “casta política” y fortalecería el relato anticorrupción con el que asume su propuesta de reforma estructural del Estado.

Está también el escenario internacional. La Corte, aún con su autonomía constitucional, no se mueve en el vacío. La región, atravesada por múltiples crisis institucionales, mira con atención cómo un sistema democrático resuelve este tipo de episodios, en especial cuando su protagonista ha sido dos veces presidenta y símbolo de un proyecto político que aún conserva poder territorial, legisladores y un caudal electoral considerable.

Hasta ahora no hay certezas sobre si la Corte confirmará la condena, si habilitará un nuevo juicio o incluso si podría abrir la puerta a una anulación parcial. Lo que está claro es que propone una resolución que marcará el pulso institucional del segundo semestre, con consecuencias tanto jurídicas como políticas que podrían redefinir la hoja de ruta del peronismo y de los aliados de Fernández en un año donde comienzan a delinearse las posibles candidaturas para 2027.

En un clima cargado, donde la justicia, la política y la opinión pública se entrelazan de manera explosiva, todo indica que la Corte no podrá eludir el desenlace. Hoy, más que nunca, cualquier silencio dejaría de ser neutral. Esta vez, el edificio de Talcahuano deberá hablar alto y claro.