El Decreto 138/25, impulsado por Federico Sturzenegger, genera controversia en el ámbito cultural argentino al proponer cambios en las Sociedades de Gestión Colectiva. Artistas y entidades como SADAIC alertan sobre la posible pérdida de derechos y eficiencia, temiendo que beneficie a grandes corporaciones en detrimento de creadores.
Un decreto que sacude a las entidades de gestión colectiva
El Decreto 138/25 impulsado por Federico Sturzenegger ha generado una fuerte polémica en el ámbito cultural. La medida pretende reformar el esquema de funcionamiento de las Sociedades de Gestión Colectiva que representan a artistas y autores, como SADAIC, ARGENTORES y AADI. Estas entidades, que operan desde hace décadas, expresaron su preocupación ante lo que consideran una amenaza a su estructura y capacidad de defensa de los derechos de los creadores.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró la iniciativa, señalando que busca “modernizar” el sistema y romper con modelos de gestión que, según él, tienen origen en la dictadura de Juan Carlos Onganía. Sin embargo, la afirmación ha sido ampliamente cuestionada, ya que muchas de estas organizaciones existen desde mucho antes y han cumplido un rol fundamental en la protección de los derechos de autor en Argentina.
Preocupación en el sector artístico
Las Sociedades de Gestión Colectiva tienen como objetivo garantizar que los artistas y creadores reciban la retribución correspondiente por el uso de sus obras. Este nuevo decreto busca modificar su estructura y, según algunas voces del sector, podría perjudicar la capacidad de estas entidades para administrar y distribuir los fondos recaudados.
Desde SADAIC, la entidad que gestiona los derechos de autor de los músicos, advirtieron que cualquier intento de fragmentar su funcionamiento llevaría a una pérdida de eficiencia en la administración y afectaría directamente a los creadores. Lo mismo sucede con ARGENTORES y AADI, que también han manifestado su oposición a la medida, calificándola como un posible retroceso en la protección de los derechos intelectuales.
Numerosos artistas han expresado su descontento ante la propuesta. Consideran que la desregulación del sector no garantiza una mejor distribución de los recursos y temen que, en lugar de beneficiarlos, termine favoreciendo a las grandes corporaciones y plataformas digitales en detrimento de quienes generan contenido cultural en el país.
Un cambio de gestión con impacto incierto
El gobierno sostiene que el decreto permita generar mayor competencia y transparencia en el manejo de los derechos de autor. Sin embargo, desde el ámbito cultural se alerta que esta política podría derivar en una atomización de las entidades, debilitando su capacidad de representación y recaudación.
Las Sociedades de Gestión Colectiva han sido históricamente un pilar en la defensa de los derechos de los artistas. La incertidumbre respecto a la implementación del decreto genera preocupación en un sector que ya enfrenta numerosos desafíos debido a los cambios en los modelos de consumo y distribución de contenidos en la era digital.
