Las comisiones de Agricultura e Industria de Diputados empezaron el debate sobre el proyecto de Ley Agroindustrial, clave para el desarrollo del sector. Hubo cambios en la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo desde 2021.
La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso más hacia la aprobación del proyecto de “ley agroindustrial”, un proyecto de interés central para el Gobierno en materia económica. De este modo, las comisiones de Agricultura e Industria dieron el puntapié inicial para el debate en el marco legislativo.
El análisis del proyecto de Fomento al Desarrollo Agrobioindustrial tomó fuerza el viernes pasado, cuando el bloque de diputados del oficialismo retomó el debate del texto que en 2021 remitió el Poder Ejecutivo al Congreso.
La iniciativa apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología en semillas, fertilizantes, genética, entre otros puntos.
Quienes encabezaron la discusión en el seno de las comisiones fueron los diputados Ricardo Buryaile (Agricultura-JxC) y Marcelo Casaretto (Industria-FdT). El objetivo central que plantea el proyecto es alcanzar en 2030 exportaciones por u$s100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.
Al finalizar la reunión, Buryaile anunció que se “analizarán las sugerencias de los diputados” para evaluar “cómo sintetizar lo mejor posible la ley” junto con Casaretto y Carlos Heller (Presupuesto-FdT), para acordar la fecha de la próxima reunión.
La iniciativa original, presentada en noviembre de 2021 en un acto celebrado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero debido a que no pudo ser tratada durante el período de sesiones extraordinarias, pese a que figuraba como uno de los proyectos incluidos en el temario. Para Casaretto el objetivo del proyecto es “ponerle fin a una disputa de años entre el agro y la industria y la industria y la tecnología”.
Al iniciar la reunión, el diputado dio detalles de la iniciativa y precisó que el régimen “tendrá una vigencia de diez años” y atenderá especialmente las economías regionales. Finalizado el mismo, se faculta al Poder Ejecutivo para extender el plazo si se cumplieron los objetivos y resultados esperados, en lugar de los cuatro años que establecía el proyecto original.
Según el legislador, a través de la iniciativa, se crea además, la Ventanilla Única Digital para adherirse al Régimen y “se refuerza el concepto de ventanilla única digital, que seria la inclusión en este régimen para facilitar el acceso de parte de los productores agroindustriales”.
En tanto, el legislador del FdT explicó que se agrega además un párrafo en torno a las exclusiones del régimen, en el que se contempla “la exclusión de los sujetos condenados por el delito de quiebra fraudulenta que no van a poder entrar”.
Asimismo, a través del proyecto, se incorporan los balances y estados contables, como requisito para el caso de las cooperativas, a diferencia de la iniciativa original que establecía que los incrementos se evaluaba cada año.
La iniciativa plantea además una reducción del plazo de amortización en todos los ítems a dos cuotas anuales, a diferencia del texto original que era de tres y cuatro cuotas, a la vez que se elimina el listado de posiciones arancelarias y se amplia a todas las inversiones.
También se incorporaron al texto original nuevos ítems como semovientes y plantaciones perennes, para ser amortizadas en dos años, en tanto que en el caso de las inversiones y construcciones, la cuota al 50% de su vida útil para las empresas medianas y grandes y para el resto de las categorías (micro y pequeña) se pasará a dos cuotas anuales.
En su momento, el proyecto fue presentado como el “resultado de un trabajo que duró más de un año, en el que participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos”.
Según se dijo, el proyecto “encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial”, debido a que su elaboración fue consensuada con más de 60 entidades agropecuarias, con el objetivo de incrementar la inversión, sumar producción y el agregado de valor y generar empleo y mayores exportaciones.
