El Presidente había dicho que la nueva ley de movilidad jubilatoria tendría un costo del 62% del PBI, pero se desmintió a sí mismo en el DNU que firmó para vetarla.
El costo fiscal de la nueva ley de movilidad jubilatoria es de 1,64% del PBI en 2025, es decir, 37 veces menor que el que había dicho Javier Milei la semana pasada, según consta en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente para vetar la ley este lunes.
“Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares y eso les arruina la vida a nuestros hijos, nietos y a varias generaciones futuras”, había dicho Milei hace unos diez días durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. “Ayer los degenerados fiscales votaron, en gran mayoría, un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda”, agregó en el mismo sentido.
Sin embargo, estas cifras fueron desmentidas por el decreto firmado por el propio Milei (y el resto de su Gabinete). Concretamente, en los considerandos, el DNU afirma que “el referido proyecto de ley – en caso de ser aplicado – implicaría para el ESTADO NACIONAL un gasto adicional al previsto de aproximadamente SEIS BILLONES CIENTO SESENTA MIL MILLONES DE PESOS ($6.160.000.000.000.-) para el año 2024; y de QUINCE BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($15.430.000.000.000.-) para el año 2025”.
También cuantifica estos números en términos de PBI. “Los citados importes equivalen al UNO COMA DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,02%) del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de UNO COMA SESENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,64%) de aquél, estimado para el año entrante”, o sea, 2024 y 2025 respectivamente, señaló también el decreto en sus considerandos. Se trata de una cifra 37,8 veces menor al 62% que había dicho el Presidente.
El economista del Centro de Economía Política (CEPA) Martín Epstein utilizó sus redes sociales para explicar la falacia que representa las cifras que difundió el jefe de Estado. “Milei afirma que el costo de la nueva movilidad son U$S 370.000 millones. Pero además de ser un delirio, ¿cómo llega a ese numero?”, señaló.
Según fundamentó Epstein, hoy el sistema tiene cerca de 7.5 millones de jubilados, mayoritariamente de la mínima. Si esa jubilación subiera a $317.000, cada persona jubilada cobraría por año con ese monto fijo $ 4.121.000 (12 + 1 aguinaldo).
Por año, el total de jubilaciones (asumiendo que son todas de la mínima) sería de $ 30.907.500 millones ($ 30.9 billones). Es decir que en 10 años serían $ 309 billones, que a un dólar oficial de $ 950 equivale a U$S 325.342 millones. Los 50.000 millones de diferencia son las jubilaciones que superan la mínima. “El PBI es anual, con lo cual, por año el total en realidad no llega al 5% del PBI (en lugar del 62% de Milei). Claro, pero la ley no agrega esos montos enteros, sino que ajusta sobre montos ya ejecutados, con lo cual el dibujo es a todo color…”, concluyó Epstein en un posteo en sus redes sociales.
Como había prometido, el presidente Javier Milei impuso un veto total a la nueva fórmula jubilatoria que habían aprobado con amplia mayoría ambas cámaras del Congreso. Este lunes y con la firma de casi todo el gabinete, el Poder Ejecutivo comunicó su decisión en el Boletín Oficial y argumentó que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
En los considerandos del veto, el Ejecutivo de Milei argumentó, básicamente, que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria era “inflacionaria”. “Que la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”, escribió el Gobierno.
La determinación del presidente Milei se produjo el viernes pasado, después de una serie de reuniones llevadas a cabo en la Casa Rosada, donde se discutió el futuro de la ley con distintos bloques de diputados considerados dialoguistas. A este encuentro asistieron representantes de los partidos PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y La Libertad Avanza (LLA), quienes manifestaron su respaldo al veto presidencial.
