El gobierno autorizó a Domus Airways a operar rutas clave pese a no tener vuelos ni sitio web activo

En una decisión que enciende alarmas sobre la política de cielos abiertos del gobierno de Javier Milei, la Secretaría de Transporte otorgó vuelos de cabotaje e internacionales a la aerolínea Domus Airways S.A., una empresa argentina sin historial operativo, sin aeronaves conocidas ni actividad comercial visible. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 15/2025, refuerza el modelo de desregulación total del mercado aéreo que impulsa el oficialismo, dejando dudas sobre los criterios con los que se habilita a nuevos jugadores en un contexto de profunda competencia.

El presidente de la firma, Damián Toscano, no es nuevo en el intento de irrumpir en la aviación comercial. Fue fundador de Alas del Sur, un proyecto similar que fue vendido en 2018 a JetSmart sin llegar a concretar vuelos. Ahora, bajo otro nombre, vuelve a escena en un clima político y económico que favorece el desembarco de nuevos actores en sectores tradicionalmente regulados. Desde Transporte, destacan que la compañía “gestionaba sin éxito este permiso desde 2018” pero que fue la “desburocratización del Estado” lo que le permitió obtenerlo finalmente. Sin embargo, el cambio no parece corresponder a un crecimiento operativo de la empresa, sino más bien a un entorno normativo más laxo.

Domus Airways fue autorizada a cubrir diez rutas que conectan Buenos Aires con provincias clave como Córdoba, Mendoza y Neuquén, además de destinos estratégicos internacionales como Lima, Bogotá, Miami, Houston y San Pablo. De concretarse, se convertiría en un actor importante dentro del tránsito aéreo regional. Pero hasta la fecha, no sólo no tiene operaciones, sino que su propio sitio web se encuentra sin contenido. Tampoco ha acreditado avión alguno ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que aún debe emitir el Certificado de Explotación que permitiría su funcionamiento real.

La inusual premura con que se habilitó a esta compañía no pasó desapercibida para los especialistas del sector, que observan con escepticismo que una firma sin flota, empleados ni estructura pueda acceder a rutas internacionales de alto valor. “Este otorgamiento se enmarca en una lógica ideológica más que técnica”, dice bajo reserva un exfuncionario del área. La teoría de cielos abiertos, que sostiene que más competencia mejora la calidad y baja los precios, es cuestionada cuando el ingreso de nuevos jugadores parece más ligado a decisiones políticas que a planes sustentables de negocios.

Desde la Secretaría insisten en que la empresa “cuenta con una propuesta de primer nivel” en servicios premium y económicos, con aeronaves de entre 60 y 120 plazas. No aclaran, sin embargo, de dónde provendrán esas aeronaves ni de qué forma planean iniciar operaciones. El antecedente de Alas del Sur –que nunca voló y fue absorbida por una low cost extranjera para su expansión local– refuerza los interrogantes sobre la posible finalidad detrás de estas licencias: ¿Se trata de un favor empresarial, un globo de ensayo, o una estrategia para facilitar desembarcos a futuro?

El contexto también es determinante. En paralelo a esta autorización, el gobierno eliminó la obligatoriedad de contratar personal argentino en vuelos que operan desde el país. Una decisión que se enlaza perfectamente con este modelo de apertura total del mercado, centrado en reducir costos sin atender al impacto en el empleo ni a la soberanía aérea. Así, mientras el gobierno intenta seducir a capitales extranjeros con beneficios regulatorios, aumenta la presión sobre Aerolíneas Argentinas y otras empresas ya establecidas que compiten desde una base normativa más exigente.

Las rutas otorgadas a Domus Airways tienen un valor estratégico indiscutible. No sólo conectan centros económicos nacionales, sino que apuntan directamente a los corredores internacionales más cotizados de Sudamérica y Estados Unidos. Buenos Aires–Miami por cuatro vías distintas, Buenos Aires–San Pablo–Río de Janeiro, o Buenos Aires–Bogotá–Medellín, son trayectos que concentran pasajeros de alto poder adquisitivo y fuerte demanda corporativa y turística. Cederlas sin controles estrictos equivale a regalar mercado bajo una cobertura de libre acceso que nadie termina de fiscalizar.

Las autorizaciones no son, por sí solas, garantía de despegue. Para que la aerolínea empiece a volar, debe tramitar el Certificado de Explotación ante la ANAC, presentar su flota, acreditar seguros, cumplir con normas técnicas y demostrar capacidad financiera. Pero la velocidad con la que se habilita a jugadores sin trayectoria operativa revive una práctica conocida: otorgar rutas a empresas fantasmas que luego son usadas como vehículo para ventas, fusiones o movimientos internos en el mercado, sin asegurar servicios reales a los pasajeros.

Mientras tanto, el relato oficial celebra la competencia y la apertura. No menciona vacíos legales ni posibles conflictos de interés. Menos aún se refiere al impacto sobre la infraestructura aeroportuaria, los controles de seguridad, ni a los empleados de la aviación comercial que hoy enfrentan recortes, flexibilización laboral e incertidumbre. En ese marco, las rutas asignadas a Domus Airways más parecen el síntoma de una estrategia política que prioriza la narrativa liberal antes que la eficiencia o la transparencia del sistema aéreo argentino.