Millman acusa a Cristina Kirchner de un “autoatentado” y redobla la tensión en el tablero político

El diputado nacional del PRO, Gerardo Millman, denunciará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la insólita figura de “autoatentado”, en alusión al intento de magnicidio que sufrió la ex vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022. Según fuentes parlamentarias, la presentación judicial se hará en las próximas horas en los tribunales de Comodoro Py, símbolo del enfrentamiento persistente entre el kirchnerismo y el sector duro del macrismo. La movida refleja un nuevo nivel de confrontación política en plena reconfiguración del tablero electoral de cara al 2025.

La acusación de Millman marca un giro contrapuesto al discurso dominante del kirchnerismo, que insiste hace meses en apuntar a sectores del PRO como impulsores del ataque llevado adelante por Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. De hecho, Millman se encuentra imputado en una causa conexa, luego de que un testigo afirmara que, días antes del atentado, el legislador deslizó la frase “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, lo que avivó las sospechas sobre su posible involucramiento.

“Pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, dijo recientemente Millman en tono desafiante, revelando el estado de tensión entre el oficialismo peronista y la oposición más robusta. Más allá de las palabras, la estrategia de Millman parecería ir en línea con la táctica de deslegitimar políticamente a Cristina Kirchner, quien pese a estar fuera de la función pública conserva influencia en la estructura del PJ y es una voz activa en la interna del peronismo.

El contexto judicial es cada vez más espeso. El juicio oral por el atentado está en marcha y tiene como principales acusados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Ambos están vinculados a la agrupación ultraderechista Revolución Federal, que según la querella de Cristina Kirchner habría tenido apoyo logístico y financiero de empresarios y sectores políticos con capacidad de organización. Un peritaje reciente confirmó que los pagos realizados por Caputo Hermanos presentan irregularidades financieras que podrían haber financiado actividades de este grupo.

Dentro del expediente que tramita la jueza María Eugenia Capuchetti, la investigación busca reconstruir las responsabilidades legales más allá del trípode material Sabag Uliarte-Carrizo. Desde un comienzo, la defensa de la ex presidenta insistió con llevar la lupa sobre los “autores intelectuales” del intento fallido y pidió profundizar el análisis de relaciones, chats y financiamiento. En esa línea, la jueza tomó declaración a varios miembros de la Policía Federal, apuntando a posibles irregularidades que permitieron la destrucción de pruebas cruciales, como los contenidos del celular de Sabag Montiel. La mirada sobre la Federal se ajusta al punto más controvertido del caso: ¿hubo encubrimiento institucional?

Millman, por su parte, busca despegarse del lugar incómodo que le otorgan tanto los trascendidos como ciertas pruebas indirectas en la causa. En agosto de 2022, incluso antes del intento de asesinato, había presentado un proyecto de resolución para que se detallara el esquema de seguridad de la entonces vicepresidenta. Acusaba a Cristina de utilizar efectivos de manera excesiva con fines de victimización. Ese documento, que parecía intrascendente, cobró una nueva luz cuando se conocieron detalles del atentado.

En el plano político, el episodio reanima el enfrentamiento ideológico más virulento del escenario argentino. Cristina Kirchner relanzó su presencia política con un acto del 25 de mayo y planea un evento masivo en Corrientes el 7 de junio. A la vez, presiona a Axel Kicillof para que no desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en un claro movimiento de disciplina interna. Enfrente, el PRO juega su carta judicial con una denuncia inusual pero con fuerte carga de impacto mediático. La discusión, lejos de centrarse en la verdad judicial, se vuelve una competencia de discursos ante una sociedad cada vez más erosionada por la polarización.

La jugada de Millman podría generar nuevas defensas políticas dentro del kirchnerismo, que se ha concentrado en denunciar la falta de avances y la presunta pasividad judicial ante la magnitud de los hechos. Mientras tanto, Revolución Federal sigue siendo investigada como un engranaje mayor al de la ejecución directa. Quienes sostienen esta tesis destacan la utilización de recursos, capacidad organizativa y discursos violentos amplificados en redes promovidas por operadores online con filiación ideológica definida y vínculos posibles con figuras políticas o económicas de peso.

En definitiva, la presentación judicial del diputado del PRO puede no tener recorrido procesal relevante, pero su resonancia política ya comenzó. Con el peronismo en estado de reconfiguración, sin liderazgos definidos luego del fracaso electoral del 2023, y con un PRO en proceso de fusión con los sectores más cercanos a La Libertad Avanza, las denuncias cruzadas amplifican una narrativa de sospechas mutuas. Lejos de calmarse, la política argentina parece entrar en una nueva espiral de tensión judicial, donde no sólo se discuten los hechos, sino la propiedad de la verdad.