El Consejo de Ministros evalua castigar con hasta dos años de prisión a los padres que incumplan con la escolarización obligatoria. Además, restrigir el uso de celulares y plataformas a los jóvenes que hayan delinquido.
El Consejo de Ministros italiano analiza la posibilidad de penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la escolarización obligatoria, dentro de un paquete de medidas para frenar la criminalidad juvenil que incluyen también la prohibición de uso de teléfonos celulares a menores a partir de 14 años que hayan sido condenados.
“Quien, investido de autoridad o encargado de la tutela de un menor, no imparta o haga impartir la enseñanza obligatoria, sin justa causa, será castigado con pena de prisión de hasta dos años”, establece uno de los 14 artículos del denominado decreto-ley con “medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil” que el Gobierno trata este jueves.
El borrador del decreto, anticipado por los diarios La Stampa y Repubblica, agrega que “para los menores que hayan cumplido 14 años, se decreta la prohibición total o parcial del uso de teléfonos móviles o de plataformas y servicios en línea” si han sido investigados en episodios anteriores.
El decreto es parte de la respuesta del Ejecutivo que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal sobre dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, además de un ataque sexual contra una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
También es parte de un debate dentro del Gobierno en el que algunas posturas, como la del vicepremier Matteo Salvini, piden bajar la imputabilidad a los 14 años para delitos como homicidio o violación.
El texto prevé diversas disposiciones y nace, como se indica en la introducción, de la “extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano”, donde se cometió el ataque a las dos niñas.
La iniciativa cita también entre sus objetivos la “necesidad de reforzar las medidas para proteger el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, en relación con el aumento de la evitación (deserción) escolar, especialmente en zonas específicas del territorio nacional, y con el valor de fomentar la desviación que este fenómeno conlleva”.
Además de incluir un sistema de amonestaciones para menores de 12 a 14 años, el texto prevé también que el núcleo familiar cuyos miembros menores de edad no acrediten la asistencia escolar obligatoria pierde el derecho al subsidio de inclusión que da el Gobierno de hasta 350 euros al mes.
