A través de los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial, Milei promulgó la ley aprobada por el Congreso, mediante la cual tendrá facultades delegadas para maniobrar a su criterio en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
El presidente Javier Milei promulgó este lunes la Ley de Bases, sancionada en el Congreso de la Nación a fines de junio. A través de los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la ley aprobada por el Congreso, mediante la cual -al haberse declarado la emergencia pública en el marco de la normativa- Milei tendrá facultades de maniobrar a su antojo en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
La promulgación de la Ley le dará al mandatario un respaldo de poder llegar a la firma del Pacto de Mayo que se realizará en Tucumán este 9 de julio.
Desde ahora, Milei podrá modificar, eliminar o reorganizar órganos de la administración central y descentralizada, excepto universidades y ciertos organismos judiciales y legislativos.
Los decretos llevan la firma del mandatario; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, para la vigencia de las legislaciones. La promulgación de la mega nomativa se da apenas tres días después de que asumiera como ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, redactor del DNU 70/2023 de desregulación económica e ideólogo de la Ley Bases.
Según confirmó la agencia NA, la administración libertaria priorizará la reglamentación del apartado fiscal, con especial énfasis en la restitución del Impuesto a las Ganancias y de las facultades delegadas. Asimismo, fuentes de gobierno aclararon que entrarán en vigencia en un plazo de dos meses.
Otro punto destacado de la ley es la privatización de empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En cuanto al empleo público, se regula la situación de disponibilidad para el personal afectado por reestructuraciones, estableciendo un periodo máximo de 12 meses durante el cual deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este periodo no se ha formalizado una nueva relación laboral, el trabajador será desvinculado automáticamente. La normativa autoriza la renegociación o rescisión de contratos de obra pública, concesión, construcción o provisión de bienes y servicios, cuya suspensión o rescisión resulte más conveniente para el interés público.
