El ONG internacional alertó sobre “la confrontación y el odio como regla”, entre otros aspectos de la administración libertaria. “Advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en la vida y los derechos de las personas”, resaltó.
Amnistía Internacional emitió un durísimo informe con respecto a los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei. Hace foco en fakes news, trolls, ataques y violencia. Alertar sobre “la confrontación y el odio como regla”, entre otros aspectos de la administración libertaria.
Este martes, se cumplirán 100 días de Milei y la sede argentina de Amnistía Internacional analizó los puntos fundamentales de los primeros meses de su mandato. El informe publicado tiene tres ítems en donde se resaltaron los principales ejes en los que basó su accionar como presidente de la Nación: “la confrontación y el odio como regla”, “los jubilados, un sector castigado” y la “administración del conflicto social”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, aseveró que existe “preocupación” en la entidad por el rumbo que tomó el Gobierno. “Pese al poco tiempo transcurrido, advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en la vida y los derechos de las personas”, resaltó.
Con respecto a utilizar la confrontación y el odio como regla, Amnistía Internacional entendió que el uso del término “casta” o “los mismos de siempre” generan “expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la agresión y que fomentan la dinámica ´amigo-enemigo´”.
Según Belski, la red social X “se convirtió en la herramienta preferida” de Milei donde se realizan “señalamientos” (como en el caso de los legisladores que votaron en contra del DNU) y “acusaciones”. Por otra parte, de este análisis se desprendió que “los jubilados no son ni un sector ni un segmento etario” sino que durante los últimos tres meses puntualmente “han perdido capacidad de compra, tranquilidad y dignidad”.
Según el gobierno nacional, los jubilados, con el tiempo, van a lograr ganarle a la inflación, sin embargo Amnistía consideró que “las fórmulas actuales propuestas no explicitan cómo irían paulatinamente aumentando su poder adquisitivo por fuera del ´empate´”.
El informe analizó la relación que tiene el Poder Ejecutivo con las permanentes protestas de distintos sectores, al marcar que “la pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social”. “Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura”, expresó.
Según Amnistía, “entre las tácticas compartidas de demonización y manipulación pública, las “fake news” (noticias falsas) tienen un protagonismo omnipresente; la información falsa es publicada en forma de noticia para engañar a las personas y son amplificadas con el apoyo de los medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas”.
“Se imponen como verdades, hechos o datos completamente falsos y tienen más influencia que los hechos objetivos. Este tipo de noticias son acompañadas por narrativas estigmatizantes, cargadas de valoraciones implícitas y emociones. En permanente disputa, se han apoderado del debate público e influyen directamente en la forma en que se manipulan y perciben los problemas”, afirmó el escrito. Agregó que “además, la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no hace más que crecer, violando el acceso de las personas a la información pública. De esta manera, en lugar de atender los problemas reales de las personas, los actores políticos se dejan llevar por la adrenalina de la batalla de titulares, memes y espectacularidad que lejos está de pensar y trabajar para el bien de toda la población”.
También hizo referencia a los problemas del Protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación. “El protocolo concibe a la protesta pacífica exclusivamente como un delito y no como una alternativa de participación, de expresión del disenso y de reclamo. Se establece que el ejercicio del derecho a la protesta configura un delito y se dispone la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales ante la interrupción total o parcial de vías de tránsito en el contexto de una manifestación, todo ello sin posibilidad de prueba en contrario”, argumentó el organismo.
E indicó que “si bien el Protocolo establece que las fuerzas actuarán ‘siempre con armas menos letales’ no define criterios claros que cumplan con los estándares de derechos humanos sobre el uso de la fuerza, con el fin de evitar graves afectaciones a la integridad física y a la vida. Un claro ejemplo de esto son los resultados de la actuación de las fuerzas policiales en las manifestaciones en la plaza del congreso el 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2024, en los cuales numerosas personas resultaron heridas, algunas con heridas graves y permanentes (como el caso de Matías A., quien hasta la fecha no ha recuperado la vista de un ojo por haber recibido un impacto de bala de goma)”.
