Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Familia de Chubut, enfrenta acusaciones de corrupción por contratar “ñoquis” y exigir el 50% de sus salarios. Durante el juicio, el fiscal solicitó 3 años y 6 meses de prisión. El caso destaca problemas recurrentes de corrupción en la administración pública de la provincia.[Collection]
Ex ministra de Chubut enfrenta denuncia por presunta corrupción
Cecilia Torres Otarola, ex ministra de Familia de la provincia de Chubut, está en el centro de una polémica judicial tras ser acusada de una grave irregularidad en la gestión de personal durante su paso por el gobierno. Las denuncias involucran la contratación de al menos cinco empleados como “ñoquis” —personas que cobran un sueldo público sin trabajar— y el presunto cobro de la mitad de los salarios de algunos de ellos.
La acusación contra Torres Otarola
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada en 2020, cuando Cecilia Torres Otarola aún formaba parte del Gabinete de Chubut. Según la investigación, la ex ministra habría empleado a distintas personas cuyos trabajos no fueron realizados bajo una prestación laboral efectiva, incumpliendo así con la función pública. Además, la Fiscalía sostiene que la ex funcionaria presuntamente les exigía que le entregaran el 50% de sus salarios a modo de retorno.
Finalmente, este martes se llevó a cabo el juicio oral donde el fiscal Omar Rodríguez solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para Torres Otarola, argumentando que su conducta no solo afecta los recursos públicos, sino que también constituye un abuso de poder. “Esta maniobra socavó las bases institucionales, generando un perjuicio económico para la provincia de alto impacto”, afirmó Rodríguez.
Detalles de la investigación
Durante el juicio, se presentó evidencia que incluye registros bancarios y testimonios de los involucrados en la trama. Según la Fiscalía, las maniobras irregulares comenzaron cuando Cecilia Torres Otarola era ministra de Familia, un cargo que asumió en diciembre de 2019. Testimonios clave de exempleados aseguraron que les fueron solicitados pagos obligatorios con la promesa de mantener sus contratos vigentes en la administración pública.
Las presuntas víctimas detallaron que los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, y que, en algunos casos, se utilizaban cuentas bancarias de terceros para encubrir el desvío de fondos. Entre los empleados contratados, uno de los testimonios más contundentes fue el de una exempleada doméstica de Torres Otarola, quien aseguró que no desempeñó tareas oficiales pese a estar registrada como personal estatal.
La postura de la defensa
El abogado defensor de Torres Otarola, Oscar Romero, negó rotundamente las acusaciones y sostuvo que las contrataciones realizadas durante la gestión de su clienta cumplieron con todos los procedimientos administrativos correspondientes. Romero indicó que las acusaciones se basan en “falsos testimonios” y en una “persecución política” contra la ex ministra.
“Ella no ordenó, ni autorizó ninguna percepción indebida de salarios. Estas acusaciones buscan ensuciar su reputación sin pruebas contundentes”, argumentó el defensor, quien además solicitó al tribunal que se desestime la posibilidad de una condena de prisión.
Implicancias legales y sociales del caso
El fallo del tribunal, que se espera para las próximas semanas, podría tener repercusiones significativas tanto en la vida política de Cecilia Torres Otarola como en la administración pública de Chubut. En caso de ser condenada, la ex ministra no solo enfrentaría una pena de prisión efectiva, sino que también quedaría inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
El caso se presenta como un claro ejemplo de las dificultades que enfrenta la política argentina para combatir actos de corrupción en la esfera pública, especialmente en regiones donde la supervisión gubernamental resulta insuficiente. Desde el inicio de la investigación, diversos sectores sociales y políticos de Chubut han manifestado indignación por las presuntas irregularidades. Organizaciones de la sociedad civil han solicitado reformas estructurales para prevenir que esta clase de prácticas se repitan.
Otros casos similares en Chubut
La provincia de Chubut se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción en los últimos años. El caso de los “ñoquis” no es aislado y pone de manifiesto un problema recurrente en la gestión de recursos públicos. En 2018, por ejemplo, se destapó otra red de corrupción que implicó a altos funcionarios provinciales en el desvío de fondos destinados a obras públicas. Este nuevo juicio contra una ex ministra refuerza la percepción pública de que las prácticas corruptas siguen siendo un desafío latente en la región.
El impacto en el gobierno provincial
El escándalo ha sido un golpe para la actual administración de Chubut, que busca distanciarse de las gestiones previas y su historial de denuncias por corrupción. Si bien el gobernador Mariano Arcioni no ha emitido declaraciones oficiales sobre este caso particular, fuentes cercanas al Ejecutivo provincial señalaron que el gobierno mantiene una postura de “tolerancia cero frente a actos ilegales”.
El caso también ha generado debate en la Legislatura provincial, donde legisladores de la oposición han pedido informes sobre la fiscalización de los recursos públicos durante la gestión de Torres Otarola. Desde distintos bloques políticos, se exige mayor transparencia en los registros de contratación estatal y la creación de mecanismos más estrictos de control interno.
Próximos pasos en el juicio
Las audiencias del juicio dejaron expuestas las debilidades del sistema actual para prevenir y sancionar prácticas corruptas dentro de las estructuras gubernamentales. Según indicaron fuentes judiciales, el tribunal encargado del caso podría dictar sentencia a finales de este mes, con lo que se cerraría un proceso que ha tenido amplia cobertura mediática en la región.
Por su parte, Cecilia Torres Otarola continúa defendiendo su inocencia y asegura que todo lo actuado durante su gestión fue en el marco de las normativas provinciales. Sin embargo, de confirmarse los cargos, este fallo podría convertirse en un precedente para futuros casos de corrupción en la administración pública.
Fuente: Infobae
