Sin ley de emergencia: el Gobierno de Javier Milei veta la asistencia especial por inundaciones en Bahía Blanca

Javier Milei vetó completamente la Ley 27.790, que declaraba zona de desastre a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las intensas inundaciones ocurridas en marzo. El veto, formalizado a través del Decreto 424/2025 y publicado en el Boletín Oficial, descartó la implementación de un fondo especial de $200.000 millones, beneficios fiscales, suspensión de ejecuciones judiciales y créditos blandos para los afectados. La Casa Rosada argumentó que la ayuda estaba ya implementada mediante otro instrumento preexistente, el decreto 238/2025, que había activado el programa de asistencia S.U.R.

Este movimiento no es solo una decisión administrativa: evidencia la postura del Gobierno nacional en su cruzada contra lo que define como “duplicación de esfuerzos” y “presupuesto ocioso”. En la lectura del oficialismo, el Congreso sancionó una ley innecesaria que intervenía sobre medidas que, según sostienen, ya tenían ejecución concreta. Fue una forma de ratificar la centralización del control presupuestario y evitar la formalización legislativa de fondos extraordinarios fuera del radar político de Balcarce 50.

Con la firma del presidente y su gabinete, el veto no solo dejó sin efecto la ley, sino que hizo una declaración de principios sobre cómo debe abordarse la asistencia ante emergencias: directamente desde el Ejecutivo, sin mediaciones parlamentarias ni asignaciones específicas por ley. Se trata de una estrategia alineada con el perfil de Milei, quien viene sosteniendo que las estructuras legislativas ralentizan la ejecución estatal y elevan el gasto innecesariamente.

Uno de los puntos clave es que el Gobierno asegura que ya atendió las consecuencias del desastre. El programa S.U.R. —“Suplemento Único para la Reconstrucción”— fue lanzado con anterioridad e inscribió a 37.546 personas. De ellas, 32.076 ya cobraron un subsidio único, mientras que cerca de 4.000 aún están en proceso de verificación. Según el Ejecutivo, se alcanzó al 85,43% del universo registrado, y el Banco Nación ya opera líneas de crédito subsidiado sin necesidad de contar con una ley para instrumentarlas.

Pero la tensión política va más allá del contenido de la ley vetada. En el Congreso, el texto aprobado fue el resultado de un acuerdo transversal motivado por el reclamo de intendentes afectados, sectores agropecuarios y cámaras empresariales locales. La zona quedó gravemente impactada tras tormentas que provocaron anegamientos, voladura de techos, cierre de escuelas y colapso de servicios esenciales. La respuesta local exigía presencia nacional. Desde lo simbólico, el veto representa una negativa al clamor de esos sectores, y en términos materiales, desarticula el respaldo parlamentario a políticas de contención territorial.

La legislación vetada proponía la creación de un fondo específico, lo que obligaría al Tesoro a destinar recursos con seguimiento legislativo. La administración Milei, que ejecuta con lupa cualquier erogación, ve allí un riesgo: abrir un fondo por ley implicaría ceder control político y habilitar reclamos de otras provincias bajo el mismo modelo, justo en un contexto de ajuste fiscal militante.

Este mecanismo de veto se convirtió en una herramienta habitual del Presidente para desactivar normas aprobadas por mayorías legislativas adversas. En esta ocasión, el rechazo se escuda en la supuesta superposición con políticas públicas vigentes, pero en el fondo se inserta en la dinámica de reescribir la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Se evitan distorsiones presupuestarias, se reafirma el manejo unificado de las emergencias y, sobre todo, se marca que no habrá concesiones territoriales que contradigan la lógica de ajuste con la que Milei gobierna.

Más de 32 mil damnificados ya habrían sido alcanzados por alguna forma de subsidio, pero el número oculta una trama más amplia: intendentes sin poder de negociación, bloques parlamentarios que giran proyectos sin eco en la Casa Rosada, y una línea de gestión que desprecia la intermediación. La decisión es eminentemente política y marca una línea clara hacia adelante: nada se aprueba si no lleva el sello del Presidente.

Como trasfondo, la crítica al Congreso también opera en clave electoral. El oficialismo capitaliza este tipo de vetos como muestras de firmeza frente al “gastadero clásico” de la política tradicional. A la vez, se desliza una advertencia para nuevas iniciativas similares: no habrá avales automáticos, ni siquiera frente a catástrofes naturales con fuerte impacto mediático. El mensaje está cifrado pero claro: las políticas públicas se hacen bajo las reglas del Ejecutivo. Y las excepciones regionales, también se controlan desde allí.