El Gobierno frena fondos a la ex ESMA y lanza auditoría: “Cortamos una caja millonaria”

El Gobierno nacional suspendió el financiamiento al Espacio para la Memoria que opera en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), ordenando además una auditoría que promete ser profunda. La medida fue anunciada por el Ministerio de Justicia, que justificó la decisión como una respuesta a presuntos gastos millonarios ejecutados sin controles efectivos por un conjunto de organismos de Derechos Humanos. La decisión generó una alerta inmediata entre empleados del predio y colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos, que advierten por el impacto en los salarios y el funcionamiento institucional.

Según el comunicado oficial, el Ministerio ordenó detener los pagos hasta tanto se realice una auditoría financiera integral para determinar el destino específico del presupuesto. “Cortamos una caja millonaria en Derechos Humanos”, declaró de forma tajante el titular de la cartera, quien aseguró que se gastaban anualmente 3.359 millones de pesos sin fiscalización interna.

La operación política detrás del anuncio no es menor. La medida se inscribe en la narrativa del gobierno actual que, desde el primer día, proclamó su intención de desmantelar las estructuras que considera parte de los privilegios de la “casta”. Entre las prioridades trazadas por la actual administración, hay una clara ofensiva sobre los fondos públicos asociados a organismos que, según esta visión, operan como cajas políticas bajo la bandera de causas históricas.

En este caso, el blanco ha sido el predio de la ex ESMA, reconocido mundialmente como un lugar simbólico de memoria y de denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2023, el lugar alberga dependencias estatales y organismos que, según la nueva administración, han convertido el espacio en un feudo presupuestario sin rendición de cuentas.

El detalle de los gastos revelado en el mensaje oficial busca no dejar grietas en el relato del ajuste. Uno de los ejemplos que se difundió para amplificar el impacto público fue el costo del mantenimiento de los espacios verdes del predio: “Solo para cortar el pasto gastaban 16 millones de pesos por mes”, subrayaron desde el Ministerio. La precisión de esa cifra encierra una estrategia comunicacional pensada para generar indignación en la opinión pública, reforzando la imagen de un Estado que subsidia gastos superfluos con dinero de los contribuyentes.

La suspensión, que en principio regirá por 60 días desde el 1 de abril, fue trasladada a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Ejecutivo, que ahora tendrá la tarea de rastrear “cada peso” administrado por estos organismos durante los últimos meses. La acción no es solo administrativa: es una señal política que apunta directamente a deslegitimar la red de instituciones vinculadas a la memoria y al resguardo de derechos humanos como actores con manejo autónomo de recursos.

Desde el Directorio de Derechos Humanos del Espacio ex ESMA, la reacción fue inmediata y apuntó a lo que consideran una medida sin sustento y de tinte ideológico. Advirtieron que los fondos congelados afectan principalmente los salarios de los 176 trabajadores del predio. También subrayaron que el manejo de los fondos no recae unilateralmente en los organismos sino que cuenta con aprobación tripartita entre el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y representantes del sector.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, denunció que el corte del financiamiento pone en riesgo no solo los sueldos sino también el funcionamiento operativo del predio de 17 hectáreas ubicado sobre Avenida Del Libertador. La falta de fondos podría paralizar tareas rutinarias como seguridad, mantenimientos, compras y contrataciones críticas.

En las redes sociales, el tema se convirtió en terreno de puja. Una publicación oficial difundida desde el Gobierno reafirmó el nuevo enfoque: “Decidimos suspender todos los pagos. Cortamos otra caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos sin control”. Detrás de esas palabras, el mensaje es claro: se acabó la tolerancia con estructuras heredadas que, según la visión oficialista, operan más como enclaves partidarios que como instituciones del Estado.

Mientras tanto, en el entorno de los organismos afectados y en el arco político opositor, crece la preocupación por lo que se interpreta como un embate contra las políticas públicas de memoria y reparación. No se trata simplemente de revisar números: lo que está en juego, advierten, es una redefinición del lugar que ocuparán los derechos humanos en la política estatal de los próximos años.