Paritarias en tensión: gremios combativos desbordan al Gobierno con acuerdos por fuera del radar oficial

Mientras el Gobierno celebra convenios por debajo de la inflación y busca consolidar una política de salarios contenidos para apoyar su plan económico, algunos gremios con poder de presión negocian en la sombra, logran aumentos sustanciales y le marcan los límites al modelo libertario. En este tablero de ajedrez, la Federación Aceitera y los desmotadores de algodón imponen su juego, mientras la paritaria de Comercio, la más grande del país, sigue sin homologación pero se paga de hecho. El oficialismo, que apuesta al ancla cambiaria y salarial, enfrenta una bomba de tiempo.

El Ministerio de Capital Humano intentó mostrar músculo al anunciar el acuerdo con los gremios petroleros de Vaca Muerta, quienes pactaron una suba salarial del 4,3% trimestral, muy por debajo del 3,7% de inflación de marzo. El mensaje: los gremios aceptan perder poder adquisitivo para preservar la estabilidad. Pero en simultáneo, los desmotadores firmaban un aumento del 21% en siete meses —equivalente a un 3% mensual— muy por encima del sendero insinuado por el Gobierno. Las empresas, incluso las más chicas, ya lo están liquidando. La señal es clara: la reelaboración de la negociación colectiva encuentra grietas por las que se cuelan sectores con margen de presión que desafían a la ortodoxia libertaria.

Cada convenio que se paga sin homologación demuestra que la autoridad formal de la Secretaría de Trabajo no siempre se traduce en poder real. Es el caso de los empleados de Comercio, cuyo convenio, pese a no haber sido avalado por el Ejecutivo, se sigue aplicando en buena parte del sector privado. Las empresas apelan a un criterio pragmático: evitar la conflictividad, garantizar previsibilidad y contar con una pauta que el mercado laboral ya internalizó. Las señales oficiales son esquivas: silencio o respuestas ambiguas como “sin novedad”. Pero eso no detiene a los actores involucrados ni cierra la negociación de un acuerdo que pesa sobre el 10% de la masa laboral formal del país.

Dentro del Ejecutivo, Pablo Caputo mira con desconfianza estas señales. Su lógica macroeconómica apuesta a mantener los precios, tarifas y salarios bajo control mientras se estabiliza el frente externo y se consolida un esquema de baja inflación. La narrativa oficial pretende construir una épica: el Gobierno enfría la economía, el dólar se plancha, las elecciones se emparejan. Pero los sindicatos tomaron nota de esta lógica: si los precios no suben tanto, ahora es el momento de recuperar lo perdido durante el huracán inflacionario de diciembre-marzo. Ahí radica el conflicto de fondo: ¿quién paga el ajuste?

La consultora C-P lo advirtió con datos. La recuperación salarial privada, que había comenzado a dar señales en el arranque de 2024, se frenó en seco en abril. El promedio de paritarias apenas compensó la inflación y, en algunos casos, corrió por detrás. La pelea por el bolsillo no terminó, solo se desplazó del centro de la escena. Federico Pastrana, director de la consultora, fue más lejos: el acuerdo de Comercio, con sumas fijas no homologadas pero incorporadas a futuro, oficia como modelo para las demás discusiones. Un nuevo formato de negociación emerge en la informalidad institucional, pero con fuerza en la práctica.

La ofensiva de los gremios muestra un devenir de las relaciones laborales en las que los actores reconstruyen poder de manera táctica. La UOCRA y los encargados de edificio también avanzaron con sumas fijas en sus últimos acuerdos. Mientras tanto, los grandes gremios sin acuerdo —metalúrgicos, Camioneros, Sanidad y Alimentación— dibujan un escenario de conflictividad inminente. No se trata solo de porcentajes: el nuevo esquema busca mandar señales de recomposición y acota el margen de maniobra del Gobierno.

En las próximas semanas, el índice de inflación que difundirá el INDEC será otra medida del termómetro político. Se estima en torno al 1,8%, pero ese número no garantiza estabilidad social. El REM del Banco Central anticipa una moderación marginal, insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El Gobierno apunta a mostrar que los salarios ya le ganan a la inflación, pero lo hace con el RIPTE, un indicador que promedia remuneraciones sin discriminar si se trabaja jornada completa o no. En la trastienda, el SIPA reflejó que los sueldos reales siguen debajo de los niveles de noviembre de 2023 y que el empleo público perdió más de 15 puntos de poder adquisitivo.

El tablero es más complejo de lo que sugieren los partes de prensa. Cada vez que el Ejecutivo intenta mostrar disciplina, un gremio combativo expone la fragilidad del corset oficial con un acuerdo unilateral que se concreta. El péndulo se mueve. La economía argentina, con años de inflación estructural y anomalías del mercado laboral, no concede márgenes para imponer esquemas rígidos por decreto. Y los sindicatos, aún debilitados, parecen haberlo entendido mejor que el Gobierno.