Javier Milei exige la renuncia de Axel Kicillof y amenaza con una intervención federal en Buenos Aires, desatando rechazo en el espectro político. Su estrategia, en medio del escándalo de criptomonedas, busca desviar la presión, mientras Kicillof destaca logros en seguridad. La tensión política se intensifica ante la incertidumbre económica.“`html
Milei desafía a Kicillof con la amenaza de una intervención en Buenos Aires
Javier Milei eleva la tensión política al exigir la renuncia de Axel Kicillof y sugerir una intervención federal en la provincia de Buenos Aires. En un momento crítico de su gestión, golpeado por el escándalo del caso $LIBRA y las sospechas de pagos irregulares a su asesor, el presidente busca desviar la atención con una jugada de alto voltaje político. Sin embargo, su ofensiva ha provocado un rechazo generalizado en el arco político, con gobernadores y dirigentes alertando sobre el riesgo institucional de su amenaza.
Una ofensiva en medio del escándalo
El escándalo de $LIBRA dejó al oficialismo contra las cuerdas, exponiendo presuntas conexiones turbias y debilitando la imagen del Gobierno. Para recuperar la iniciativa, Milei ha decidido intensificar su ataque contra Kicillof, el único gobernador con un proyecto nacional capaz de disputarle protagonismo. Con las investigaciones avanzando y la presión creciendo, el presidente apuesta a desatar un nuevo foco de conflicto, apelando a la agenda de “orden” y “mano dura” en plena crisis de inseguridad.
¿Intervención federal o estrategia política?
El constitucionalista Félix Lonigro desestima la posibilidad de una intervención al señalar que la inseguridad no es una causal reconocida en la Constitución. “La intervención federal es un recurso excepcional y su interpretación es restrictiva. No hay jurisprudencia que avale este argumento”, explicó. Sin fundamentos legales sólidos, la amenaza de Milei parece más una maniobra de confrontación política que una acción institucional legítima.
El impacto fue inmediato. Gobernadores de diversas provincias, incluso aquellos no alineados con Kicillof, rechazaron la intromisión del Ejecutivo nacional. Gerardo Zamora y Sergio Ziliotto fueron de los primeros en marcar su postura, advirtiendo sobre las consecuencias de romper el delicado equilibrio entre Nación y provincias. La última intervención federal en una provincia ocurrió en 2004 en Santiago del Estero, pero bajo circunstancias completamente distintas.
El verdadero trasfondo de la disputa
Milei no solo busca debilitar a Kicillof, sino también consolidar su relato de lucha contra el “establishment” peronista bonaerense. Esta estrategia le permite desviar la atención del “criptogate” y mantener movilizado a su electorado fiel. Sin embargo, su capacidad de avanzar en este conflicto dependerá del respaldo en el Congreso, donde su gobierno enfrenta crecientes dificultades tras el freno a la Ley Ómnibus.
Kicillof, por su parte, responde con datos de gestión. Destaca que Buenos Aires tiene la menor tasa de homicidios de Sudamérica y señala que los recortes presupuestarios de la Nación agravan la crisis social y de seguridad. Su discurso, en un principio moderado, se ha vuelto más combativo, forzando a La Libertad Avanza a mantener la ofensiva para sostener la confrontación.
La relación de Milei con los gobernadores nunca fue fácil, y esta escalada incrementa la desconfianza. La apertura de sesiones legislativas reflejará esta tensión, con una notoria ausencia de mandatarios provinciales en el Congreso. Muchos interpretan estas maniobras no solo como provocaciones, sino como señales de una administración dispuesta a desafiar los límites institucionales para sostener su narrativa de enfrentamiento.
La gran incógnita es hasta dónde está dispuesto a llegar Milei para retener el control de la agenda. En un contexto de crisis económica creciente y desgaste político prematuro, su ofensiva sobre Buenos Aires podría funcionar como un golpe de efecto momentáneo, pero también convertirse en un riesgo impredecible si la confrontación escala más allá de lo calculado.
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