La filtración de documentos sobre la expropiación de YPF ha llevado al Gobierno argentino a activar una investigación interna y realizar cambios en la Procuración del Tesoro. Se indagan posibles manipulaciones y vulnerabilidades de ciberseguridad que podrían comprometer la defensa del Estado en un juicio internacional por USD 16.000 millones.
Filtración en YPF: cambios en la Procuración y una investigación interna en marcha
La reciente filtración de documentación clave vinculada al juicio por la expropiación de YPF generó un temblor institucional que llevó al Gobierno argentino a activar una investigación interna y realizar una serie de modificaciones en el área legal. El 17 de julio de 2025, fuentes oficiales confirmaron que la administración de Javier Milei tomó medidas urgentes ante la exposición de comunicaciones clasificadas que podrían haber debilitado la estrategia procesal del Estado argentino frente al juicio de Burford Capital por la estatización de la petrolera en 2012.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Rodolfo Barra, implementó tres cambios estructurales tras detectar anomalías en la gestión de la información reservada. La causa judicial, que dejó a la Argentina condenada a pagar cerca de USD 16.000 millones por una decisión impulsada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, volvió a ocupar el eje de debate tras revelarse parte del diálogo interno entre los abogados del Estado y los estudios jurídicos contratados en el exterior.
El hecho desencadenante fue la difusión de una serie de correos electrónicos fechados entre 2016 y 2017. Estos contenían estrategias procesales, criterios de defensa y evaluaciones internas que, si bien datan de gestiones anteriores, aún se consideran sensibles. La filtración —según dejó trascender el Ejecutivo— habría comprometido aspectos medulares del litigio internacional y encendió alertas sobre una posible manipulación interna o externa con fines políticos o económicos.
Revisiones estructurales, auditorías y preguntas sin respuesta
Según reveló Infobae y corroboraron fuentes oficiales consultadas por otros medios, en respuesta a estos eventos el Gobierno inició una auditoría informática exhaustiva dentro de la Procuración del Tesoro. La investigación cuenta con colaboración externa de expertos en ciberseguridad y organismos de análisis forense digital. Se indaga sobre el acceso, distribución y el eventual origen de la filtración, así como posibles responsabilidades administrativas o penales.
En este marco, se ejecutaron tres modificaciones clave en la estructura de la Procuración. Primero, se reemplazó al responsable directo del área de informática legal, quien tenía el dominio sobre los servidores internos donde se almacenaban los documentos comprometidos. Segundo, se actualizó el protocolo interno para la clasificación y resguardo de información estratégica. Y tercero, se aplicó una nueva normativa de acceso restringido a los correos profesionales relacionados con causas judiciales internacionales.
“Estamos trabajando para que se esclarezca completamente lo ocurrido”, indicaron desde el entorno del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Esta postura responde a la presión institucional que generó el impacto internacional del litigio con Burford Capital, así como el delicado contexto económico en el que se encuentra la administración argentina.
Según fuentes legales consultadas en los Estados Unidos, los documentos filtrados podrían ser utilizados como prueba por la contraparte en los tribunales estadounidenses, aunque aún no se ha confirmado su presentación formal ante la jueza Loretta Preska, quien lleva el caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La exposición de esta documentación podría permitir nuevas solicitudes de indemnización o incluso revivir aspectos jurídicamente cerrados.
Este escenario no solo abre interrogantes sobre la eficacia de los controles institucionales de la Procuración, sino también sobre el rol de los estudios jurídicos internacionales contratados por el estado argentino, como King & Spalding, y sus políticas de confidencialidad. ¿Hubo negligencia en los filtros de seguridad desde Washington o Buenos Aires? ¿O fue una filtración intencional operada con fines políticos localmente? ¿Qué impacto podría tener esto sobre negociaciones futuras o el posicionamiento internacional del país?
También crecen las dudas sobre si existieron vulnerabilidades en los procesos de contratación de servicios legales altamente sensibles. Varios analistas legales señalan que, si se accedió a correos institucionales sin una intervención desde dentro de la estructura del Estado, podría implicar un fallo sistemático de ciberseguridad; de lo contrario, se estaría frente a una posible complicidad interna, aún no identificada.
En este contexto, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no descartan avanzar con procedimientos paralelos para indagar si se cumplieron con los criterios de gobierno abierto, transparencia contractual y resguardo de la confidencialidad en las instancias clave del proceso contra Burford Capital.
Integridad procesal y futuro institucional
A pesar de que la defensa de Argentina sostiene que los correos filtrados se referían a estrategias que “no representan las posiciones actuales del Estado”, dentro de la comunidad jurídica internacional se resalta que todo intercambio de información interno, en particular si proviene de fuentes oficiales, puede alterar el juicio de valor que tenga la magistrada Loretta Preska sobre la solidez argumental de la parte demandada.
El litigio por la expropiación de YPF fue iniciado en 2015 por Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de los accionistas Petersen Energía y Eton Park tras su salida del mercado bursátil en Nueva York. El fallo original de septiembre de 2023 falló contra la Argentina y fue apelado sin éxito, generando una de las condenas económicas más significativas de la historia judicial contra un Estado soberano en EE.UU.
El Estado argentino aún explora vías para revertir o atenuar la sentencia, entre ellas presentaciones ante tribunales internacionales y recursos administrativos. En paralelo, círculos allegados a la Cancillería no descartan que el país utilice canales diplomáticos para generar apoyos de países que consideren desproporcionado el monto de la indemnización. No obstante, estos esfuerzos enfrentan ahora un obstáculo añadido: el debilitamiento institucional derivado de filtraciones no esclarecidas.
Fuentes anónimas dentro del Ministerio de Economía expresaron su preocupación por el impacto de este incidente en los mercados financieros. “Toda percepción de desorden jurídico o de fuga de información estratégica daña la posición negociadora del país; no estamos en posición de dar margen a errores”, señalaron.
La situación también activó alertas en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa del Congreso Nacional. Legisladores de diferentes bloques solicitaron ser informados detalladamente sobre los cambios implementados en la Procuración y exigieron acceso a los resultados de la auditoría en marcha. El senador Juan Carlos Romero reclamó públicamente que “los responsables rindan cuentas porque está en juego la credibilidad institucional y la protección del interés nacional”.
Hasta el momento, el Gobierno no ha presentado denuncia penal formal respecto a la filtración, aunque dejó abierta esa posibilidad dependiendo de lo que arroje la auditoría. El manejo comunicacional del caso fue manejado con discreción, con escasas declaraciones oficiales, lo que incrementa las especulaciones sobre el trasfondo del incidente.
¿La falta de transparencia complica la recuperación de la credibilidad institucional en medio de un fallo millonario? ¿Quiénes accedieron realmente a la información sensible meses o incluso años antes de su filtración pública? ¿Existen responsabilidades patrimoniales o disciplinarias a futuro? Mientras la investigación avanza, la fragilidad institucional expuesta deja al descubierto interrogantes aún sin respuesta.
El contexto económico, la exposición internacional del caso YPF y la severidad del fallo judicial vuelven crucial el resguardo de canales institucionales y legales ante potenciales automatismos en nuevos juicios. El silencio del pasado y las decisiones del presente perfilan un escenario incierto para la defensa de los activos públicos en los tribunales globales.
