El peronismo se moviliza en el Congreso para bloquear los decretos de reforma en las fuerzas de seguridad

El kirchnerismo acelera el paso en el Congreso con una estrategia clara: impulsar el rechazo de los decretos firmados por el presidente Javier Milei que reestructuran las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad federales. Con un clima político caldeado y el ciclo legislativo en ebullición, la oposición denuncia un exceso en el uso de facultades delegadas y acusa al Ejecutivo de intentar legislar por decreto reformas estructurales que, aseguran, deberían ser debatidas por el Parlamento.

La ofensiva se centra en cuatro decretos clave que reorganizan la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En paralelo, se introduce un nuevo alcance funcional para el Servicio Penitenciario Federal. La piedra angular del conflicto es el Decreto 383/2025, que deroga la normativa que rige a la Policía Federal desde 1958 y habilita prácticas tan polémicas como las detenciones sin orden judicial por un plazo máximo de 10 horas y el monitoreo de redes sociales sin autorización previa. “Estamos frente a normas que intervienen en el núcleo duro de las garantías constitucionales”, alertaron desde el bloque opositor de Unión por la Patria.

La tensión aumentó esta semana durante una áspera reunión de la comisión bicameral de Seguridad Interior. Mientras funcionarios del Gobierno intentaban justificar la constitucionalidad de los decretos al amparo de las facultades otorgadas por la Ley Bases, la diputada Carolina Gaillard fue categórica: “Esto viola claramente el marco de lo delegado. El Congreso no otorgó emergencia en seguridad, y mucho menos la posibilidad de crear estructuras paralelas que escapen al control legislativo”.

El decreto que marca particularmente el tono del conflicto es el vinculado a la Policía Federal. Allí se propone no solo un estatuto novedoso, sino también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones que funcionará con competencias propias a nivel nacional, excluyendo a la PFA de tareas de seguridad pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La oposición sostiene que esto violenta el principio de autonomía porteña y habilita al Gobierno nacional a intervenir con discrecionalidad.

El paquete incluye también el decreto 454/2025, que adapta el funcionamiento de la Gendarmería Nacional. Su contenido habilita a la fuerza a operar dentro del ciberespacio y a participar en tareas de inteligencia digital en contextos vinculados a terrorismo o narcotráfico. Un giro que, para la oposición, fortalece un esquema de vigilancia ciudadana sin controles judiciales. En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Decreto 456/2025 amplía su campo de acción más allá de los aeropuertos y le otorga capacidades operativas en espacios urbanos y rurales. Finalmente, el Decreto 457/2025 reposiciona a la Prefectura dentro del esquema del Ministerio de Seguridad y actualiza su ley madre, vigente desde 1969.

Desde el oficialismo reconocen que estos decretos no seguirán el mismo camino que la Ley Bases, en tanto anticipan un rechazo legislativo. Pero no se retiran del tablero. “Esto es una cuestión de gobernabilidad. No podíamos paralizarnos esperando consensos inexistentes”, justifica en privado un funcionario cercano a Patricia Bullrich, quien aparece como la principal arquitecta ideológica de la reforma.

El clima en el Congreso es tenso, pero la aritmética no está del todo cerrada. Los decretos, como dispone la ley, pueden ser revocados por mayoría simple en ambas Cámaras si el trámite legislativo llega al recinto. Sin embargo, el tiempo corre. La bicameral tiene 10 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial para emitir dictamen. Si no lo hace, los bloques pueden pedir directamente su tratamiento en Diputados o el Senado. “No se trata solo de ganar una votación. Esto va al corazón del sistema de división de poderes”, resumió en pasillos legislativos uno de los senadores peronistas más influyentes.

Más allá de lo jurídico, el episodio revela con crudeza la lógica de disputa que impera entre el Congreso y el Poder Ejecutivo con Milei en el poder. La administración libertaria busca avanzar sin demoras, utilizando a fondo el arsenal normativo de la ley delegada, mientras que la oposición percibe en cada decreto una señal de autoritarismo creciente. La balanza institucional se mueve y en el centro de la escena asoman viejos fantasmas: el empleo de decretos para transformar sin debatir, y la tentación del poder para doblar las reglas cuando el Congreso no convalida sus pasos.

Esa es la verdadera pulseada. Más que una discusión sobre ciberpatrullajes o estatutos policiales, el Congreso debate hoy su propia utilidad. En esa batalla subterránea, cada decreto que cae o sobrevive es un símbolo del lugar que ocupará el Poder Legislativo durante los próximos años. La oposición lo sabe. El Gobierno también.