El gobierno de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, demandó a la administración de Javier Milei por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, vital para la seguridad provincial. La disputa resalta las tensiones políticas en un contexto de ajuste fiscal, afectando la autonomía financiera de las provincias en políticas públicas esenciales.
El conflicto por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, presentó una demanda contra la administración de Javier Milei por la retención de fondos destinados al mantenimiento de la seguridad en el distrito. La medida, formalizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, surge tras la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia por parte del Ejecutivo nacional.
El mencionado fondo fue creado en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández en respuesta al reclamo salarial de la Policía Bonaerense. A partir de entonces, esta asignación de recursos buscó paliar las dificultades financieras del distrito en materia de seguridad. Sin embargo, el Gobierno nacional dispuso su eliminación, argumentando la necesidad de ajuste fiscal y reducción del déficit.
Axel Kicillof cuestionó la legalidad de la decisión, señalando que se trata de recursos que corresponden al distrito por derecho. “No se trata de una asistencia discrecional, sino de fondos que formaban parte de los recursos coparticipables”, manifestó el gobernador. Ante esta situación, la administración bonaerense recurrió a la Justicia para exigir la restitución de los montos retenidos.
Desde el Ejecutivo nacional, sin embargo, justificaron la medida en el marco de la revisión del gasto público. Según voceros del Gobierno, la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal responde a su intención de equiparar los ingresos provinciales sin privilegios para ningún distrito. El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que la decisión busca hacer más eficiente la distribución de los recursos.
Posturas enfrentadas y consecuencias políticas
El conflicto desatado entre la Nación y la provincia de Buenos Aires acentúa las tensiones políticas en un contexto de ajuste fiscal y redefinición del rol del Estado en la economía. La administración de Axel Kicillof sostiene que sin los fondos retenidos, la seguridad en el distrito puede verse afectada, dado que estos recursos eran utilizados para financiar salarios y equipamiento policial.
Por otro lado, la postura oficialista insiste en que cada provincia debe hacerse cargo de sus propios gastos y generar los recursos necesarios sin recurrir a transferencias discrecionales. “No podemos seguir sosteniendo esquemas que benefician a algunas jurisdicciones en detrimento de otras”, afirmó un funcionario del Gobierno nacional.
La disputa se da en un marco de recesión económica y bajo la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir la intervención estatal en la distribución de recursos. Esta medida también ha generado repercusiones en otras provincias, cuyos gobernadores observan con atención la decisión de la Corte Suprema, ya que el fallo podría sentar un precedente en la relación fiscal entre la Nación y los distritos.
Mientras tanto, la administración bonaerense explora alternativas para cubrir el vacío presupuestario dejado por la supresión del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. La incertidumbre sobre la resolución judicial y los movimientos políticos que puedan derivarse mantiene en vilo a distintos sectores afectados por esta disputa. La cuestión de fondo sigue siendo el modelo de distribución de los recursos coparticipables y el grado de autonomía financiera de las provincias en las políticas públicas esenciales, como la seguridad.
