Diversas organizaciones apuntaron contra las autoridades jujeñas por la “actuación represiva” que llevaron adelante en el marco de la aprobación de la reforma constitucional inconsulta que se dio en junio.
La Misión de Solidaridad de Derechos Humanos presentó este miércoles su informe final sobre los hechos de violencia institucional y represiva que se dio en el contexto de la aprobación de la reforma constitucional inconsulta en Jujuy. “Hubo un escenario de represión generalizada y sistemática donde se combinaron la fuerza pública, el Poder Judicial -que avala y sostiene la represión-, de la mano con un bloqueo de las instituciones frente a las denuncias”, sostuvo Gonzalo Armúa, integrante de la comitiva que viajó para recabar testimonios y denuncias.
“Informe final. Violación de los derechos humanos en Jujuy. Septiembre 2023” es el título del documento dado a conocer por la delegación de representantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que estuvo acompañado por el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. “La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos concluye que el Estado Argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño”, sostienen en las conclusiones.
El informe fue elaborado a partir de la recolección de más de 200 testimonios que se tomaron en distintas ciudades en el territorio y, también, basados en el análisis de la situación económica, el contexto político, institucional, jurídico y social que se vive en la provincia. Entre ellos, hacen alusión al derecho a la protesta y a la democracia que, según denuncian desde la Misión, están afectados en Jujuy. En ese sentido, mencionan la aprobación del Código Contravencional, en 2014, pero que empezó a regir en 2016 con el Gobierno de Cambia Jujuy a cargo del gobernador, Gerardo Morales.
Eso, como uno de los antecedentes de la modificación de la Constitución que la población denunció como inconsulta durante las protestas de junio de este año. Vale recordar entre sus principales puntos, en esa nueva Carta Magna se estableció la reelección en la gobernación, la prohibición de indultos por corrupción, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta. En ese sentido, la disputa por las tierras indígenas sobre los que se asientan las mayores reservas de litio del país aparece como un factor clave.
En tanto, en los testimonios recabados se relatan violencia policial, institucional, persecución, amenazas, abusos sexuales, ya sea en el marco de las protestas -que insisten en el informe son “legítimas”- como en las propias casas de dirigentes o de personas que simplemente convocaron a través de las redes sociales a discutir la reforma constitucional inconsulta.
Los puntos clave del informe
- El Estado de Derecho y el orden democrático en la provincia argentina de Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
- Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
- La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
- Las autoridades de la Provincia de Jujuy utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
- El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
- Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
- Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
- Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Para la Misión el Estado provincial de Jujuy “se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. En ese sentido, denunciaron que “limita el acceso a la justicia” y convierte “en delito el ejercicio de la democracia plena”. Además, señalaron que “alienta con distintos estímulos, la delación de cualquiera que piense distinto o la agresión física en el caso de aquellos que se atrevan a manifestar públicamente su oposición”. Todo lo que, indicaron, aporta para la “visión totalitaria de Estado”.
