Milei evalúa un plebiscito para fortalecer su presidencia tras el criptogate

Javier Milei considera convocar un plebiscito no vinculante en la Asamblea Legislativa como maniobra para recuperar iniciativa política tras el estallido del escándalo de las criptomonedas que golpea a su gobierno. La estrategia, impulsada por Santiago Caputo, busca darle aire al presidente al convertir la consulta en una validación simbólica de su gestión, aunque constitucionalmente esta herramienta no tiene peso legal.

El artículo 40 de la Constitución Nacional permite la convocatoria de consultas populares no vinculantes, pero la revocatoria de mandato no está contemplada en el ordenamiento argentino. A diferencia de México, donde en 2022 Andrés Manuel López Obrador realizó un referéndum con respaldo mayoritario pero escasa participación, en Argentina la única vía formal para destituir a un presidente es el juicio político.

Caputo, arquitecto de la comunicación presidencial, sostiene que este plebiscito serviría como un golpe de efecto para Milei. Una victoria, aunque simbólica, reforzaría la imagen del mandatario frente a la crisis desatada por la presunta corrupción en el caso Libra. Sin embargo, la incertidumbre sobre el impacto de un revés electoral en una consulta de este tipo genera dudas dentro del propio oficialismo.

El costo de la maniobra es otro factor de peso. Organizar un plebiscito con alcance nacional tendría un gasto similar al de una elección y entraría en contradicción con la política de ajuste fiscal que pregona la administración libertaria. Para referencia, las tres instancias electorales de 2023 demandaron unos 160 millones de dólares, con cada votación rondando los 50 millones.

La legislación vigente impide que un plebiscito coincida con elecciones nacionales, descartando la posibilidad de adherirlo a los próximos comicios como estrategia para arrastrar votos. Esto obliga a Milei a definir si vale la pena afrontar semejante gasto en un contexto donde el equilibrio fiscal es su principal bandera.

No es la primera vez que la idea de un plebiscito aparece en la agenda presidencial. En 2023, tras el rechazo del Congreso a la Ley Ómnibus, Milei evaluó recurrir a esta herramienta como un intento de demostrar respaldo popular. Pero el proyecto quedó archivado ante la falta de viabilidad política y económica.

La historia argentina registra otros referéndums simbólicos. En 1984, Raúl Alfonsín apeló a una consulta popular sobre el Tratado de Paz con Chile por el Conflicto del Beagle, mientras que en los años 90 Carlos Menem promovió la “Plaza del Sí” como muestra de respaldo a su gestión. Sin embargo, ninguno de estos antecedentes se asemeja a la idea de Milei de usar un plebiscito para reforzar su poder.

El libertario enfrenta múltiples frentes de tormenta. La crisis del criptogate, la tensión con el Poder Judicial tras sus decretos sobre la Corte Suprema y las denuncias por presiones sobre legisladores han desgastado su imagen. En este contexto, la consulta popular aparece como un intento de relanzamiento político más que como una verdadera solución institucional.

El problema radica en los riesgos de la propuesta. Si Milei pierde el plebiscito, su imagen de liderazgo fuerte quedará en jaque. Incluso si lo gana, la falta de carácter vinculante de la consulta podría convertirlo en un gesto vacío. La oposición ya ve la jugada como una maniobra desesperada, denunciando que el gobierno usa recursos estatales para lo que en la práctica sería una encuesta pagada con fondos públicos.

El panorama es incierto. Mientras Milei y Caputo analizan las ventajas políticas de esta movida, el costo económico y la imprevisibilidad del resultado generan resistencias dentro del propio oficialismo. En un momento donde cada decisión puede inclinar la balanza de su gobierno, el presidente deberá evaluar si este desafío vale la pena, o si solo profundizará el desgaste de su administración.