El Gobierno logró avanzar con el Súper RIGI y recuperó iniciativa legislativa, pero la economía real muestra otra cara: cierre de pymes, tensión industrial, universidades judicializadas y un Congreso que ya no responde automáticamente. Milei promete inversión futura; la sociedad pregunta por empleo, salarios y presente.
El Gobierno de Javier Milei logró una victoria parlamentaria importante con la media sanción del Súper RIGI. Después de semanas dominadas por el desgaste del caso Adorni, la Casa Rosada consiguió recuperar parte de la iniciativa y volvió a hablar de aquello que más le interesa: inversiones, futuro, tecnología, energía, inteligencia artificial, minería avanzada y grandes capitales.
El problema es que la Argentina no vive solo en el futuro prometido.
Mientras el oficialismo celebra un régimen pensado para inversiones superiores a mil millones de dólares, la economía cotidiana muestra otro paisaje: empresas que cierran, pymes que pierden aire, fábricas que trabajan menos, comercios que resisten con ventas flojas y familias que todavía no sienten que la estabilización macroeconómica haya llegado a la mesa.
Ahí aparece la tensión central del momento. Milei puede ganar votaciones, puede seducir a grandes inversores y puede ofrecer treinta años de estabilidad fiscal a proyectos estratégicos. Pero todavía no logra responder una pregunta mucho más simple: ¿qué lugar ocupa el trabajo argentino en el país que está imaginando?
No se trata de negar la necesidad de inversiones. Argentina necesita capital, tecnología, infraestructura, dólares y reglas previsibles. Nadie construye desarrollo con aislamiento, desconfianza permanente o rechazo automático al mundo. Pero tampoco se construye desarrollo nacional convirtiendo al país en una plataforma de excepción para actores globales desconectados del entramado productivo local.
El Súper RIGI puede ser una oportunidad si trae tecnología, empleo calificado, proveedores argentinos, innovación, federalismo productivo y encadenamientos reales. Pero puede ser un problema si termina consolidando una economía de enclaves: zonas modernas, rentables y protegidas, rodeadas por una economía social más frágil, más informal y más desigual.
Esa es la discusión que el Gobierno intenta evitar cuando reduce todo a una dicotomía entre inversión y atraso. La pregunta no es inversión sí o inversión no. La pregunta es inversión para qué modelo de país.
El oficialismo empieza a descubrir, además, que gobernar no es solo anunciar. Es sostener mayorías, administrar aliados, responder a la Justicia, negociar con provincias y aceptar que el Congreso no es una molestia pasajera. En Diputados pudo avanzar; en el Senado sintió el peso de sus propias debilidades. El caso Adorni, que durante días pareció apenas una crisis de imagen, ya condiciona decisiones parlamentarias. Cuando un funcionario obliga al Gobierno a calcular si conviene abrir o no una sesión, el problema dejó de ser personal.
Milei mantiene poder, pero ya no gobierna desde la intemperie heroica del outsider. Gobierna desde el barro normal de la política argentina. Necesita votos de gobernadores, acuerdos con bloques provinciales, respaldo parcial del PRO, silencios radicales, ausencias convenientes y negociaciones que no siempre puede mostrar con orgullo. La motosierra hace ruido; la gobernabilidad se cocina en voz baja.
También aparece otro límite: las universidades. La decisión judicial que obliga al Gobierno a cumplir con el financiamiento universitario muestra que la sociedad organizada y las instituciones todavía pueden poner frenos. El Ejecutivo puede empujar, ajustar y acelerar, pero no gobierna en el vacío. Hay Congreso, jueces, provincias, sindicatos, universidades, empresarios pymes y ciudadanos que también forman parte del tablero.
Del otro lado, la oposición empieza a encontrar puntos de crítica más consistentes. El peronismo bonaerense se ordena parcialmente alrededor de Axel Kicillof, mientras la provincia de Buenos Aires vuelve a aparecer como territorio decisivo. Las encuestas muestran que allí el peronismo conserva competitividad y que Kicillof es hoy una de sus figuras más fuertes. Pero eso no alcanza. La oposición necesita algo más que resistir al Gobierno: necesita decir qué haría con la inversión, la deuda, la industria, el empleo, la tecnología y el Estado.
No basta con denunciar que el Súper RIGI favorece a grandes corporaciones. Hay que explicar cómo se atraen inversiones sin entregar soberanía productiva. No basta con defender a las pymes. Hay que ofrecer crédito, escala, simplificación tributaria, mercado interno y estrategia exportadora. No basta con reivindicar la industria. Hay que pensar qué industria puede existir en un mundo de automatización, inteligencia artificial, energía cara y cadenas globales fragmentadas.
Esa es la tarea que todavía está pendiente. Milei tiene un programa agresivo, desigual y riesgoso, pero tiene programa. La oposición tiene críticas atendibles, pero todavía debe convertirlas en arquitectura de futuro.
Por eso la política argentina de hoy no se resume en Adorni, ni en una votación, ni en una encuesta. Se resume en una disputa más profunda: quién define el país que viene.
El Gobierno cree que el futuro llegará de la mano de grandes capitales, reglas largas y baja intervención estatal. Sus críticos advierten que ese camino puede dejar afuera a la producción nacional, a la clase media, a las pymes y al trabajo registrado. Entre ambos polos, la sociedad mira con una mezcla de expectativa y cansancio. Quiere inversión, pero también quiere empleo. Quiere estabilidad, pero también dignidad. Quiere futuro, pero necesita llegar a fin de mes.
La Argentina no puede darse el lujo de rechazar oportunidades. Pero tampoco puede aceptar cualquier oportunidad como si fuera destino.
El verdadero debate empieza ahora.
No es si Milei puede conseguir votos en el Congreso.
Es si el crecimiento que promete puede construir una comunidad nacional o apenas un mapa de negocios rentables.
Porque un país no se mide solo por los dólares que entran.
También se mide por como se distribuye la riqueza entre los argentinos.
