Milei y Bullrich relanzan la Policía Federal con poder ampliado: patrullaje virtual, arrestos sin juez y estructura al estilo FBI

Javier Milei reaparecerá en público tras su gira internacional junto a Patricia Bullrich para presentar uno de los cambios institucionales más fuertes del año: una profunda transformación en la Policía Federal Argentina, con un decreto que otorga mayor margen de acción ante delitos en la web y refuerza el concepto de fuerzas de seguridad federalizadas bajo el modelo FBI. El nuevo dispositivo legal cambia desde el accionar digital hasta criterios de arresto y creación de nuevas áreas para combatir el crimen organizado. Todo, sin necesidad de autorización judicial previa en ciertos casos. La decisión, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 383/2025, pretende consolidar el veloz rediseño del mapa de seguridad nacional encabezado por Bullrich.

La medida habilita, entre otras cosas, que efectivos de la PFA realicen patrullajes virtuales en redes sociales sin orden previa de un juez. Una jugada audaz que busca adaptar las capacidades policiales a un delito que muta en tiempo real. Si bien el texto del decreto resguarda que las operaciones deberán garantizar el respeto por la privacidad, libertad de expresión y datos personales, el margen interpretativo sigue abierto. En la práctica, el Ejecutivo refuerza la autonomía de la fuerza en escenarios digitales que hasta hoy requerían intervención del Poder Judicial. Una estrategia que el Gobierno justifica con ejemplos comparables a modelos como el del FBI.

Este nuevo paradigma también contempla detenciones sin orden judicial cuando existan elementos suficientes para presumir la comisión de un delito, incluso antes de que este se concrete. Aquí Milei y Bullrich pisan fuerte sobre una zona limítrofe. Desde el oficialismo, aseguran que el cambio responde a la necesidad de actuar preventivamente ante redes criminales que actúan con velocidad y aprovechando las demoras del aparato judicial. Sin embargo, en el reverso político comienza a crecer el temor de juristas y opositores que ven riesgos de discrecionalidad policial y vulneración de garantías básicas.

El Gobierno además impulsa la creación de unidades especiales dentro de la PFA enfocadas en delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y crimen organizado urbano. El modelo propuesto apunta a descentralizar operaciones, creando polos de inteligencia en ciudades “calientes” como Rosario, donde el avance narco puso en jaque repetidamente las capacidades locales. Bullrich confía en que el esquema permitirá una intervención más eficaz y federalizada, sin tanto burocratismo judicial de por medio. Desde Casa Rosada aseguran que la ampliación estructural incluirá más uniformados desplegados en distintas provincias, reforzando presencia policial donde el crimen golpea con más dureza.

El rediseño también viene acompañado de reformas internas clave: nuevos mecanismos de auditoría para prevenir corrupción y cambios en los criterios de ascenso. Dos temas sensibles que buscan responder a críticas históricas por falta de controles internos reales dentro de la fuerza. Desde el entorno de Seguridad reconocen que se trata de una ventana para imponer una conducción verticalista —pero más eficiente— que corte con la inercia heredada de estructuras policiales descentralizadas y con fisuras internas. Dentro de la nueva lógica, actuar con velocidad es más importante que esperar consensos judiciales o administrativos.

El acto de presentación tendrá lugar en la sede de la Policía Montada, en Palermo, y concentrará varias figuras clave del oficialismo. Será también el primer evento público de Milei luego de un periplo por Europa e Israel, y tras el fallo definitivo de la Corte Suprema que confirmó la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Esa coincidencia de tiempos podría no ser casual. Especialmente si se considera que el anuncio busca reforzar la imagen de un Gobierno que avanza sin mirar atrás y que no teme confrontar con lógicas del “garantismo judicial”.

De hecho, al día siguiente del evento, Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py para formalizar su detención. El kirchnerismo ya anunció movilizaciones que podrían poner a prueba las nuevas disposiciones de control y seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad monitorean el despliegue de manifestantes y analizan posibles operativos para contener tumultos. La medida de Milei-Bullrich, por lo tanto, no es solo una reforma burocrática: es también un mensaje político en el momento exacto. Uno que refuerza las líneas fundacionales de su administración y empuja el eje de legalidad hacia un paradigma más musculoso, más punitivo, más antipático para lo políticamente correcto.

El oficialismo sabe que una parte clave de su capital electoral descansa en la promesa de orden. Esta movida ofrece una oportunidad para reforzarlo, aunque al costo de tensar —una vez más— los límites entre seguridad y libertades civiles. El desenlace político empieza a escribirse ya. Y lo que ocurra en las próximas semanas, tanto en la justicia como en las calles, dirá si esta reconfiguración tiene margen de éxito o si se convierte en un nuevo frente de conflicto institucional.