Tras la condena a CFK, el kirchnerismo moviliza y desafía al Gobierno con acampes frente a Tribunales

Con la sentencia firme contra Cristina Fernández de Kirchner como telón de fondo, el kirchnerismo más duro redobló su apuesta política con una convocatoria al acampe en Plaza Lavalle, en un claro intento por disputar el relato público y posicionarse como víctima de una supuesta persecución judicial. Desde las 18 horas, organizaciones como Patria Grande, HIJOS y varios sindicatos comenzaron a nuclear fuerzas frente a Tribunales, mientras fuerzas de seguridad articuladas por el Ministerio que conduce Patricia Bullrich intentaban evitar que la protesta se instale de forma permanente.

La escena configura una postal repetida pero no menos cargada de simbolismo: mochilas, militancia y proclamas en defensa de una líder condenada, esta vez acompañadas por la creciente presión para que se le conceda prisión domiciliaria. La frase “Vamos a Tribunales. Por Cristina. Por la democracia” que circuló en redes sintetiza el núcleo discursivo. La estrategia es evidente: convertir la condena en bandera, movilizar al núcleo duro y tensionar al Gobierno en un momento sensible.

El Ministerio de Seguridad actuó con rapidez. Desde temprano desplegó efectivos en la zona para impedir el armado del acampe. No dejaron bajar baños químicos, mucho menos instalar gazebos o carpas. Cualquier material que pudiera servir como evidencia de permanencia fue requisado. Es una nueva manifestación de la política de orden estricto que impulsa Bullrich: evitar que la calle se convierta en una extensión del conflicto institucional.

Pero lejos de circunscribirse a la Plaza Lavalle, la jornada estuvo atravesada por múltiples bloqueos en los accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires. Autopistas como la Buenos Aires-La Plata, el Acceso Oeste y la Panamericana fueron objetivo de protestas y cortes. En algunos puntos hubo enfrentamientos con Gendarmería, y episodios de quema de neumáticos dieron la tónica de la bronca. En Constitución, barrio donde reside la expresidenta, otro foco de militancia mantuvo la presión cerca de su domicilio.

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos, ratificada recientemente, no solo disparó el operativo callejero, sino también una silenciosa batalla judicial y política. Mientras el oficialismo propuso —en un gesto más simbólico que práctico— un lugar de detención reservado en secreto para la exmandataria, la defensa solicitó prisión domiciliaria. La presentación, aún sin resolución, debe definirse en Comodoro Py, y la cuenta regresiva ya empezó.

En este punto radica una de las mayores tensiones institucionales del momento. La condición de líder opositora, su edad —72 años— y el hecho de haber sido víctima de un intento de magnicidio en 2022 han puesto sobre la mesa exigencias puntuales de seguridad. La defensa ya solicitó que, en caso de otorgarse arresto domiciliario, no se le imponga el uso de tobillera electrónica, argumentando que sería innecesaria, disruptiva y peligrosa para su seguridad.

El tribunal, por su parte, ordenó un estudio ambiental sobre su residencia, que se encuentra en pleno barrio porteño. Es un paso técnico, pero también político. Porque cada resolución será leída en clave electoral y partidaria. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, piezas clave en todo este proceso, tienen tres días para responder si avalan o rechazan la solicitud, lo que implica otra instancia de exposición pública con potencial de crispación.

Desde el Gobierno, la línea es clara: mostrar a una administración que no negocia con desbordes. Javier Milei, en sintonía con Bullrich, busca no ceder en el discurso de autoridad frente a lo que califican como “intentos de desestabilización”. El Ejecutivo aprovecha el momento para cerrar filas y demostrar músculo político frente a lo que consideran una maniobra para victimizar a quien —dicen— fue condenada por corrupción.

La calle, sin embargo, puede decir otra cosa. El kirchnerismo parece decidido a transformar la amenaza judicial en una oportunidad política. No porque espere revertir la condena, sino porque entiende que la narrativa de proscripción puede calar hondo en un electorado fragmentado y necesitado de una causa aglutinante. La vigilia frente a los Tribunales es tanto una muestra de fuerza como un ensayo de resistencia simbólica. En esa tensión entre fuerzas de seguridad y militancia, entre sistema judicial y estrategia política, se juega hoy uno de los capítulos más críticos de la era postkirchnerista.