La administración de Javier Milei solicitó al Senado el desbloqueo de ascensos para militares vinculados a represores de la última dictadura en Argentina. Este pedido ha suscitado críticas de organismos de derechos humanos, quienes ven la medida como un retroceso en la lucha por memoria y justicia en el país.[Collection]
Militares parientes de represores: demanda de Milei y Petri
Pedido formal al Senado por militares vinculados a represores
La administración de Javier Milei, encabezada por el actual presidente de Argentina, presentó un pedido oficial al Senado de la Nación con el objetivo de destrabar los ascensos de militares de la Armada. La solicitud incluye a oficiales que se encuentran relacionados familiarmente con represores involucrados en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en el país.
Esta decisión busca revertir una determinación adoptada en gestiones gubernamentales previas, que había impuesto un freno a los ascensos de aquellos militares que estuvieran vinculados a familiares con responsabilidad en violaciones sistemáticas de derechos humanos. Desde su llegada al poder, Milei y su vicepresidente, Luis Petri, impulsaron iniciativas que generan controversia por interpretarse como un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia.
Implicancias de la decisión y antecedentes
El pedido se enfoca en promover los ascensos de oficiales cuya carrera militar quedó frenada debido a las implicancias éticas y simbólicas de su vínculo familiar con represores condenados. Entre los nombres mencionados dentro de la solicitud enviada al Senado, se incluyen oficiales cuya filiación directa a quienes participaron del aparato represor de la dictadura plantea tensiones políticas en torno al compromiso estatal con los derechos humanos.
La medida resulta particularmente polémica dada la historia reciente del país, donde existe un consenso amplio —aunque no unánime— acerca de la necesidad de reforzar políticas públicas que consoliden los principios históricos de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Este principio ha sido sostenido transversalmente por los distintos gobiernos democráticos desde 1983 hasta la actualidad, aunque se ha visto interpelado con particularidad por el rumbo ideológico adoptado por la administración de Javier Milei.
Reacciones de organismos de derechos humanos
Los organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), se pronunciaron contra esta medida, que consideran un ataque directo al legado de justicia por los crímenes de Estado. Según un comunicado reciente del CELS, “autorizar el ascenso de personal vinculado a represores significa naturalizar el vínculo con el genocidio y prueba una clara intención de desentenderse del proceso histórico de memoria y verdad”.
Asimismo, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, calificó esta decisión como “un acto profundamente antidemocrático y negacionista”. Cortiñas también expresó que estas decisiones “reafirman la línea peligrosa que esta administración parece seguir con respecto al desprecio de la sangre derramada durante los años más oscuros de nuestra historia”.
Negacionismo y cambio en la doctrina militar
Diversos analistas consideran que este pedido formal es coherente con anteriores declaraciones de Javier Milei respecto a su posición sobre la última dictadura. El actual presidente ha sido acusado de mantener un discurso negacionista en relación con los crímenes planeados de manera sistemática por el Estado durante ese periodo. Durante la campaña electoral, Milei también planteó dudas sobre la cifra oficial de 30.000 desaparecidos, uno de los pilares simbólicos de la lucha de los organismos de derechos humanos.
Por otro lado, el vicealmirante Juan Carlos Valladares, actual jefe de la Armada Argentina, sostuvo que los ascensos bloqueados afectan el funcionamiento interno de la fuerza y obstaculizan el reconocimiento profesional de oficiales que, asegura, “no tienen relación directa con las decisiones de sus familiares”. Sin embargo, estas declaraciones entran en conflicto con las críticas que señalan la necesidad de mantener un estándar ético alto en las filas militares, especialmente en un contexto donde el rol de las Fuerzas Armadas continúa siendo delicado en el imaginario colectivo del país.
Postura oficial del Ejecutivo
Desde la Casa Rosada, bajo la gestión de Milei, la decisión fue justificada como un intento de descongestionar una problemática administrativa que, según afirmaron, no debería mezclarse con los lazos familiares de los involucrados. Luis Petri, en su rol de vicepresidente, fue quien defendió públicamente el pedido frente a las críticas, argumentando que “la responsabilidad es individual y no hereditaria”. Desde su perspectiva, los militares implicados no deben cargar con las consecuencias de los actos de sus padres o ascendientes.
“El pasado no puede condicionar el presente de quienes no tienen responsabilidad alguna sobre los hechos juzgados. Es hora de mirar hacia adelante y fortalecer nuestras instituciones desde la meritocracia”, sostuvo Petri en declaraciones a la prensa. No obstante, estos argumentos han sido cuestionados por especialistas en derechos humanos, quienes advierten acerca de la necesidad de mantener una mirada crítica y colectiva hacia las implicancias simbólicas de las decisiones estatales.
El Senado frente a la demanda del Ejecutivo
Aunque el proyecto ya fue girado a comisiones, la aprobación del Senado no está garantizada. Tanto la oposición peronista como sectores independientes han manifestado su descontento con esta medida, lo que podría derivar en un obstáculo político para el oficialismo. Algunos legisladores, como Anabel Fernández Sagasti, senadora del Frente de Todos, expresaron su rechazo tajante, calificando la iniciativa como “otro acto de una administración sistemáticamente enfrentada con los valores democráticos”.
En cambio, Ricardo López Murphy, senador alineado con los sectores libertarios más radicales, defendió la postura del Ejecutivo, argumentando que se trata de garantizar el funcionamiento institucional sobre la base de criterios objetivos y no políticos. Estas posturas auguran un debate tenso en la Cámara alta, con un desenlace aún incierto.
Perspectivas futuras
El impacto de esta medida trasciende lo institucional, ya que toca fibras emocionales y simbólicas dentro de una sociedad que aún busca sanar las heridas abiertas por el terrorismo de Estado. De aprobarse los ascensos, no es descartable que se intensifiquen las manifestaciones de repudio por parte de los colectivos de derechos humanos y amplios sectores ciudadanos.
Por su parte, desde el ámbito castrense, algunos oficiales ven la decisión como una oportunidad de resolver tensiones internas en torno a la idea de que las Fuerzas Armadas deben liberar su vínculo con el pasado dictatorial. Sin embargo, el debate público refleja que esta visión no es compartida por la mayoría de la sociedad argentina, inmersa aún en una confrontación cultural de enorme profundidad sobre el lugar de la memoria histórica en las políticas de Estado.
Fuente de la información: Página|12
