El “Decreto Milei” implementará cambios drásticos en el empleo público en Argentina desde enero de 2025. Incluye la regla “3×1” para reducir personal, exámenes de idoneidad para nuevos ingresantes y mayor flexibilidad en desvinculaciones. Esta medida busca disminuir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado, generando controversia y reacciones mixtas.[Collection]
El Decreto Milei y los cambios en el régimen de empleo público
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes la publicación de una serie de normativas clave en el Boletín Oficial que impactarán de forma directa en el empleo público en la Argentina a partir de enero de 2025. Las medidas, parte del denominado “Decreto Milei”, abordan cuestiones como reducción de planta estatal, reformas en los criterios de contratación y un cambio sustancial en la evaluación del desempeño de los empleados estatales.
La administración de Javier Milei busca llevar adelante una transformación drástica en el aparato estatal, basada en medidas que, según el mandatario, fueron diseñadas para “reducir el peso del gasto en el sector público” y “mejorar la eficiencia”. En palabras del ministro Sturzenegger, “estas reformas marcan un antes y un después en la administración pública, alineándose con las necesidades del siglo XXI”.
Qué implica el decreto: tres empleados por uno y exigencia de exámenes
Uno de los aspectos más controvertidos es la implementación de la llamada regla “3×1”. Este sistema establece que por cada tres empleados que dejen sus puestos en el Estado -ya sea por jubilación o cualquier otra causa-, solo podrá contratarse un reemplazo. Según la normativa, la regla busca combatir lo que el gobierno considera como “gigantismo estatal” y disminuir el gasto público vinculado a la nómina salarial.
Asimismo, otro cambio significativo recae sobre los estrictos requisitos para los futuros ingresos al sector público. A partir de 2025, quienes deseen ingresar a trabajar en cualquier área estatal deberán someterse a un examen obligatorio de idoneidad. Dicho examen será evaluado por una junta imparcial que evaluará condiciones técnicas, académicas y profesionales. Según Sturzenegger, este instrumento garantiza que “los recursos humanos del Estado estén a la altura de los desafíos que enfrenta el país”.
Desvinculaciones y reformas estructurales
El decreto también prevé reformas en las modalidades para desvincular personal. La normativa otorga mayores herramientas a la administración pública para definir ceses en aquellos casos donde los empleados no cumplan con los objetivos fijados mediante indicadores de desempeño. Este esquema busca fomentar una cultura de resultados en la gestión estatal, algo que Sturzenegger calificó como “el puntapié para transformar la calidad del servicio brindado a los ciudadanos”.
Por otro lado, las nuevas reglas otorgan atribuciones a los entes del sector público para tercerizar servicios en áreas consideradas no estratégicas, como mantenimiento, limpieza y seguridad. Esta flexibilización fue justificada como necesaria para “optimizar costos operativos”, aunque generó preocupación en los sindicatos, que temen posibles recortes de derechos laborales.
Repercusiones y voces críticas
La publicación de estas normativas ha generado una intensa ola de respuestas tanto de apoyo como de rechazo. Desde las organizaciones gremiales, el líder de UPCN, Andrés Rodríguez, calificó los cambios como “un golpe contra la estabilidad laboral de miles de trabajadores que dedican su vida al servicio público”. En tanto, ATE advirtió sobre posibles medidas de fuerza y denunció que estas políticas fomentan “la precarización y el vaciamiento del Estado”.
Por otro lado, economistas y analistas alineados con el oficialismo celebraron la medida. José Luis Espert definió las reformas como “un paso gigante hacia la racionalización del gasto”, mientras que Diana Mondino, integrante del equipo económico de Milei, aseguró que “se trata de un proyecto que traerá beneficios de largo plazo a los contribuyentes”.
Impacto esperado y contexto político
El gobierno estima que el nuevo régimen permitirá reducir en un 20% la planta permanente del sector público en los próximos cinco años. Según cálculos oficiales, esto generaría un ahorro anual cercano a los 1.500 millones de dólares, que serían redirigidos a áreas prioritarias como infraestructura y salud pública. Sin embargo, los críticos advierten que un Estado reducido podría redundar en una menor capacidad de respuesta frente a emergencias sociales y económicas.
La implementación del “Decreto Milei” llega en un contexto de tensiones políticas, con un Congreso dividido entre quienes respaldan las reformas y sectores opositores que anticipan impugnaciones legales. Mientras tanto, sindicatos, organizaciones y expertos en derecho laboral analizan sus implicancias y evalúan posibles acciones legales o protestas públicas.
Próximos pasos
Federico Sturzenegger enfatizó que el gobierno está comprometido en dialogar con sindicatos y representantes políticos para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema. “Este no es un ataque contra los trabajadores estatales. Es un paso necesario para corregir problemas crónicos que arrastra nuestra estructura administrativa”, aseguró el ministro.
La normativa ya es oficialmente parte del Boletín Oficial, y el cronograma de implementación se extenderá durante el año 2024 con diferentes capacitaciones y pruebas piloto en organismos seleccionados. Será clave observar cómo estas reformas impactan en el día a día de las dependencias públicas y en la situación económica general del país.
Fuentes: Rosario3
