El presidente colombiano hará la presentación oficial de su tercer proyecto de reforma laboral.
El tercer proyecto de reforma del Gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral, será radicado este jueves ante el Congreso. La iniciativa, según el Ejecutivo, pretende modificar el Código sustantivo del trabajo en tres grandes puntos: la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la protección de los derechos individuales de los trabajadores y la protección del derecho colectivo del trabajo, referente a las garantías sindicales.
Por ello, entre las bases del proyecto que llegaría al Congreso está, en primer lugar, el concepto de estabilidad laboral reforzada, que busca que las personas que se encuentren en circunstancias especiales solo puedan ser desvinculadas, si además de una justa causa o causa legar, se obtiene una autorización administrativa o judicial.
Esto cobijaría a las personas amparadas por el fuero sindical o de salud, trabajadores en situación de discapacidad, mujeres en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto, prepensionados a los que les falten tres año para la jubilación y madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica “que tengan a su cargo exclusivamente las responsabilidades familiares”.
El proyecto también buscaría reforzar la contratación con la figura del contrato a término indefinido como regla general, limitando la contratación por prestación de servicios, y avalando el contrato a término fijo hasta por dos años.
Además, define cambios en la jornada laboral, que sería de 8 horas al día y 42 horas a la semana distribuidas en 5 o 6 días, con un horario para el trabajo diurnode 6:00 am a 6:00 pm y nocturno desde las 6:00 pm.
Además y, según se ha conocido por el borrador de 73 artículos que se discutió en los últimos días en la mesa de concertación, se buscará formalizar a los trabajadores de mensajería por medio de plataformas a través de un contrato laboral y, con el fin de promover la política pública de formalización laboral, todos los empleadores del sector privado, deberán registrar los contratos de trabajo que suscriban ante el Ministerio del Trabajo.
Aunque hace cerca de cinco meses se instaló una subcomisión para construir el proyecto, compuesta por gremios, sindicatos y el Gobierno, y esta semana se reunió el Comité tripartita de políticas laborales y salariales, aún son varios los puntos que no llegan con un acuerdo definitivo ante el Legislativo.
Desde Fenalco, por ejemplo, se criticó el poco tiempo que tuvo en los últimos días la mesa de concertación para revisar el proyecto. En entrevista con Portafolio, Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, aseguró que desde Fenalco se dejó constancia sobre algunos puntos en los que no hay acuerdo, como consenso “por ir en contravía de la posibilidad de generar empleo como los nuevos costos que asfixian a las empresas”.
Desde la Andi, Bruce Mas Master, destacó, por su parte, la importancia del diálogo social y mencionó que si bien es poco probable llegar a un consenso total o un completo acuerdo frente a lo que se termina radicando entre gremios y sindicatos, “es valioso saber que hay aspectos con acuerdos totales”.
Para varios expertos, sin embargo, el proyecto aún genera dudas en relación con el impacto que podría tener en el mercado laboral, especialmente en relación con la formalidad de los trabajadores.
Carlos Mario Sandoval, Socio Líder People Advisory Services, EY Colombia y México, aseguró que se prevén cambios en los costos laborales para las empresas y que por ello hay que “analizar el impacto de estas propuestas para las empresas, microempresarios, informales y desempleados”.
Tal sería el caso con la limitación de la prestación de servicios, que según el experto, eliminaría oportunidades para pymes y personas naturales, pues Implicaría un incremento en costos de algunos servicios que contratan las compañías como vigilancia o aseo.
También alertó que en el caso de la tercerización laboral, dado que la reforma obliga a estas empresas a tener el mismo esquema de costos extralegales, se “afectaría de manera estructural a estas empresas, que hoy dan empleo formal a más de 400.000 personas”.
