El Gobierno disuelve Corredores Viales S.A. y permite la gestión privada de rutas, buscando reducir gastos públicos e impulsar inversiones. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre el impacto en trabajadores y costos para usuarios. Expertos advierten sobre la necesidad de mantener estándares de calidad en un nuevo modelo de concesión.
Disolución de Corredores Viales y apertura al sector privado
El Gobierno nacional confirmó la disolución de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento de rutas nacionales, y abrirá paso a la participación del sector privado en la gestión de los caminos. La medida busca reducir el gasto público y fomentar la inversión privada en infraestructura vial a cambio de que los usuarios paguen por su uso.
Corredores Viales S.A., que administra el 80 por ciento del tránsito nacional, dejará de operar en el marco de un plan del Ejecutivo para avanzar en un esquema de concesión privado. Esto implicará que rutas estratégicas del país sean atendidas por empresas que financiarán su mantenimiento y mejoras mediante cobros directos a los automovilistas, ya sea a través de peajes u otros mecanismos.
Desde el Gobierno argumentaron que la eliminación de la empresa estatal es una medida alineada con la política de reducción del déficit fiscal y que su operatividad será reemplazada por un esquema más eficiente. Sin embargo, sectores sindicales y usuarios expresaron preocupación por un posible encarecimiento del acceso a las rutas.
El impacto en los trabajadores y los usuarios
Uno de los principales puntos de conflicto en la disolución de Corredores Viales S.A. es el futuro de los trabajadores que hoy forman parte de la empresa estatal. Se estima que cientos de empleados pasarán a depender del sector privado o, en algunos casos, podrán ser reasignados a otras funciones dentro del Estado.
Los gremios del sector manifestaron su rechazo y advirtieron sobre la posibilidad de despidos masivos. También anticiparon un aumento en los costos de circulación para los ciudadanos que habitualmente transitan por estas rutas. “No se puede permitir que las empresas hagan negocios a costa de los usuarios y de los trabajadores que sostienen el sistema vial”, remarcaron desde los sindicatos.
En cuanto a los usuarios, la incertidumbre crece respecto a si el esquema privado garantizará un servicio de calidad o si priorizará la rentabilidad por sobre el mantenimiento de los caminos. Existe el temor de que la instalación de nuevos peajes y el aumento de tarifas terminen encareciendo los costos de transporte tanto para ciudadanos como para la logística de cargas.
El nuevo modelo de concesión y los desafíos
El nuevo esquema que prepara el Gobierno nacional prevé concesiones a empresas privadas encargadas de la administración y mantenimiento de las rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A. El objetivo es que dichas compañías inviertan en infraestructura y cobren directamente por los servicios prestados.
Ante este panorama, expertos en transporte advierten que el modelo concesionado debe garantizar ciertos estándares de mantenimiento y seguridad para evitar que se prioricen los beneficios económicos sobre la calidad vial. Además, resaltan la necesidad de mecanismos de control estatal que supervisen que las inversiones comprometidas se cumplan en tiempo y forma.
Las próximas semanas serán clave para definir los términos del traspaso y la modalidad bajo la cual operarán las nuevas concesionarias privadas. Mientras tanto, trabajadores, usuarios y sectores vinculados al mantenimiento vial siguen de cerca los pasos del Gobierno en una transformación que podría cambiar radicalmente el sistema de gestión de rutas en el país.
