La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Eduardo Valdés. Aún hay vigentes 469 leyes de la última dictadura militar, que incluyen a la Ley de Entidades Financieras, la Ley de inversiones extranjeras, la Ley de expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad, entre otras.
El diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Bicameral para revisar las leyes aprobadas durante la última dictadura militar.
La iniciativa se motorizó en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la la Verdad y la Justicia el 24 de marzo pasado, y a 40 años de la vuelta de la democracia en el país.
“Queremos dar un contundente mensaje de no impunidad y poner al Congreso a la altura de la historia democrática, removiendo otro de los vestigios de la dictadura militar, como es la vigencia de leyes aprobados por fuera del sistema democrático”, sostuvo Valdés a través de la iniciativa.
De acuerdo al proyecto, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) creada por la dictadura sancionó entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 más de 2 mil leyes, de las cuáles 469 aún siguen vigentes.
“Si se atiende al total de 4.449 leyes vigentes, se advierte que casi una de cada diez fueron aprobadas por el gobierno de facto. Algunas de ellas son especialmente relevantes y significativas, como la Ley de Entidades Financieras, la Ley de inversiones extranjeras, la Ley de expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad, entre otras”, analizó el diputado del FdT.
La Comisión bicameral propuesta por Valdés, además de revisar la normativa, tendrá facultades para “proponer las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno, cómo así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a los Derechos Humanos”.
Según el proyecto, la bicameral estará integrada por 20 miembros, de los cuales 10 deberán pertenecer al Senado y a Diputados y serán designados por los presidentes de cada cámara a propuesta de cada bloque, garantizando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las cámaras y la paridad de género.
“Los Derechos Humanos como política del Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales en nuestro país desde el regreso de la democracia. La promoción y protección de los Derechos Humanos debe ser transversal a todas las políticas públicas”, concluyó Valdés.
