Por: Pablo Claría y Guido Nicolás Álvarez.
Nos encontramos en un contexto sanitario que, de acuerdo a los especialistas, no habilita la seguridad para la presencialidad escolar. Ahora bien, en caso de que esta situación mejore y pueda volverse al esquema de burbujas de principios de año ¿Qué ocurriría con aquellos alumnos matriculados en escuelas cuya infraestructura no permite el dictado de clases aún bajo tal organización? Si los alumnos de escuela privada pueden recibir educación virtualmente por contar con los medios para ello ¿Podría pensarse en abrir estas escuelas para recibir a los primeros?
La actual crisis educativa motivada por la pandemia nos entrega un dato desolador. De acuerdo con un informe publicado por Agustín Claus, la deserción escolar entre el año pasado y este registró un incremento desde un regular 2% a un 10%. Mariano Narodowski, investigador en educación, busca llamar la atención sobre este dato indicando que esto sería como un salto a $700 en el valor del dólar.
Ahora bien, como ocurre con otros índices de crisis este no se presenta de forma transversal. De acuerdo al Observatorio de Argentinos por la Educación (OAPE) “las instituciones privadas tuvieron un 80,5% de uso de plataformas de streaming/video para impartir clases virtuales, mientras que en las públicas ese número sólo alcanzó a 29,4% de los establecimientos”. La crisis educativa golpea más allí donde peores recursos hay para costearla y, por lo tanto, aumenta y repoduce la segregación.
Si se piensa que el Estado debería agregar intereses en pos de garantizar ciertos marcos de cohesión social que harían posible la vida cívica ¿Podría considerarse que alumnos de gestión privada que cuenten con conectividad cedan su banco a aquellos que ni cuentan con medios para la conexión ni su escuela con la infraestructura escolar para garantizar la cursada en un marco de seguridad sanitaria?
Todas las escuelas son públicas. Esto es, todas están sujetas a la regulación estatal lo que varía es la gestión y su financiamiento. A su vez, el derecho a la educación se encuentra establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional obligando al Estado a garantizarlo. Con esto en mente, la respuesta en materia de política pública a la actual crisis podría ser análoga a la del sector de salud. La diferencia entre lo público y lo privado se vió difuminada buscándose trabajar mancomunadamente. Son camas, médicos y recursos para hacer frente a la emergencia. Lo mismo podría ocurrrir en educación. Son docentes, son pupitres, son vacantes, son computadoras. Sin embargo, no asistimos a este marco de solidaridad. Por ello ¿No debiera ser el Estado quien promueva la homogeneización de la respuesta y así reducir la segregación?
