ANMAT ha prohibido la comercialización de medicamentos e insumos médicos ilegales, incluyendo oncológicos robados y productos no registrados. La medida, en respuesta a la falta de control en el mercado, busca proteger la salud pública ante el riesgo de diagnósticos erróneos y tratamientos inseguros en clínicas y hospitales.
ANMAT prohíbe medicamentos e insumos médicos ilegales en un operativo sanitario de alto impacto
En una serie de disposiciones oficiales, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de comercialización, uso y distribución nacional de dos medicamentos, una tira para el control de glucosa, limas odontológicas, brackets de ortodoncia y productos quirúrgicos sin registrar que eran vendidos en el país sin autorización. La medida, publicada en el Boletín Oficial, expone la fragilidad de los controles de trazabilidad farmacéutica, la proliferación de importaciones ilegales y la falta de fiscalización en el mercado de insumos médicos, algunos de ellos ingresando por canales irregulares.
La disposición más resonante, la 3279/2025, alcanzó a los lotes de los medicamentos oncológicos Capecitabine Capegen 500 mg y Capecitabine Gentavin 500 mg, ambos robados durante un traslado del laboratorio Eczane. Destinados originalmente a Filipinas, estos productos fueron elaborados exclusivamente para exportación y jamás fueron aprobados por ANMAT para su venta en Argentina. Los envases, impresos en inglés, carecían de registros sanitarios locales y quedaron por fuera del sistema de control nacional. Las condiciones de almacenaje y manipulación también se desconocen, lo que representa un riesgo sanitario severo e incierto para los pacientes expuestos.
Otra disposición clave, la 3263/2025, prohíbe las cintas reactivas para control de glucosa “Blood Glucose Test Strip – GLS-77 – CODE 607”, las cuales no cuentan con autorización sanitaria. Este tipo de productos, considerados de uso doméstico esencial para personas con diabetes, plantea riesgos potenciales de diagnóstico erróneo si no cumplen estándares certificados, algo imposible de verificar sin autorización oficial ni trazabilidad.
La disposición 3264/2025 arroja luz sobre un mercado odontológico parcialmente sumergido, al prohibirse la comercialización de las limas “K-FILES” de las marcas japonesas MANI Inc. y ENDOTEK TEKFLEX. El hallazgo de 17 unidades en una empresa cordobesa, “Omar Dental”, sin identificación ni lote, fechas de vencimiento ni importador responsable registrado ante el sistema nacional, revela un circuito informal de productos importados sin control documental. El operativo de ANMAT involucró inspecciones físicas, secuestro de muestras y la inhabilitación preventiva de su uso comercial, siguiendo procedimientos habituales en casos de sospecha de origen ilícito o clandestino.
La redada continúa con la disposición 3269/2025, dirigida a una línea de brackets cerámicos de ortodoncia comercializados como “Universo Odonto – Ortodontia Pérola”, fabricados por INOVATIVE. Esta vez los inspectores hallaron aparatos sin ningún respaldo documental —ni del fabricante, ni del importador, ni certificados sanitarios— lo que implicaba no solo una infracción administrativa, sino un peligro directo para la salud bucal de los pacientes. El producto estaba siendo comercializado en entornos clínicos sin haber pasado por ninguna evaluación regulatoria estatal, una violación flagrante que ANMAT califica como de alto riesgo biomédico.
Finalmente, la disposición 3274/2025 alcanza a elementos quirúrgicos de máxima sensibilidad: clips de aneurisma y sistemas de fijación craneana, todos de la marca alemana REBSTOCK. En este caso, la falta de autorización sanitaria para productos que se implantan en procedimientos cerebrales convierte su comercialización en un hecho de gravedad institucional. El Estado considera prioritario impedir su uso en quirófanos y ha convocado a los establecimientos de salud a suspender de forma inmediata cualquier intervención que los utilice.
El telón de fondo de estas disposiciones presenta un panorama alarmante: productos robados, insumos sin rastro documental ni garantías sanitarias, y cadenas comerciales que introducen artículos médicos apócrifos en circuitos clínicos sin la menor revisión técnica. La connivencia de clínicas o distribuidores que operan con insumos no aprobados demuestra que el problema no es solo de fiscalización estatal sino de ética profesional en el sistema de salud privado.
Políticamente, la ofensiva de ANMAT aparece en un contexto en el que distintas voces del Ejecutivo, como el asesor presidencial Federico Sturzenegger, han promovido una desregulación en el sector sanitario, incluso admitiendo en entrevistas que algunas normas se “liberan” por pedido empresarial. Ese juego de favores, admitido abiertamente, traslada al plano institucional una lógica de negocios que debilita la autoridad sanitaria y deja la puerta abierta a vulneraciones graves como las actuales. La publicación de estas disposiciones no solo busca retirar productos del mercado: también busca recuperar el control de un terreno que la desregulación fue dejando en manos de actores sin escrúpulos.