Argentina reporta la tasa de homicidios más baja de Sudamérica y fortalece su relato de seguridad

Argentina cerró el año 2024 con una tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, un registro que no solo es el más bajo en la historia estadística del país, sino que, según datos de Insight Crime, posiciona a la nación como la de menor índice de homicidios en Sudamérica, con la única salvedad de Bolivia, cuya cifra, más baja aún, es considerada incompleta o poco confiable. La administración de Javier Milei celebra estos números como un logro estructural de su política criminal, y no oculta su intención de capitalizarlo políticamente.

En un contexto regional marcado por la violencia institucionalizada y la consolidación de economías delictivas, este tipo de indicadores adquieren relevancia geopolítica. La ministra de Seguridad Nacional sostuvo que en el primer trimestre del 2025 se registraron 507 homicidios, frente a los 561 del mismo período del año anterior. La caída interanual del 9,6% en asesinatos es, según el Ejecutivo, una prueba del impacto de las reformas que se han implementado desde el inicio de esta gestión.

El Gobierno sostiene que la disminución de asesinatos no es casualidad. Lo asocia con una estrategia de seguridad más agresiva y con el fortalecimiento de las fuerzas provinciales a través de una coordinación más férrea desde Nación. El trasfondo político, sin embargo, es más complejo. Esta caída llega en medio de recortes presupuestarios severos, despidos en organismos estatales, eliminación de estructuras de comunicación pública como la agencia Télam y un rediseño institucional que ha debilitado algunos mecanismos históricos de registro y monitoreo. No son pocos los actores que advierten un riesgo de subregistro.

Uno de esos actores es el observatorio Ahora que sí nos ven, especializado en violencia de género, que se expresó ante la anunciada caída del 14,3% en homicidios de mujeres entre 2023 y 2024. La estadística oficial afirma que se pasó de 362 a 313 víctimas, y que el 56,8% de los casos estuvo vinculado a relaciones de pareja, expareja o familiares. Pero según los organismos independientes, la eliminación de programas de relevamiento y la escasa visibilidad mediática derivan en un sistema que captura apenas una parte del fenómeno.

El Ejecutivo minimiza esas críticas. Desde la cúpula del Ministerio de Seguridad apuestan a mostrar disciplina estadística: en los últimos diez años, el país no había registrado una cifra tan baja, con un descenso pronunciado respecto a los 4,49 homicidios cada 100.000 habitantes registrados en 2023 y los 4,31 del 2022. Detrás de estos datos también hay una narrativa de gobierno que busca reconfigurar las expectativas sociales a partir del orden y la autoridad institucional.

A esto se suma un descenso en delitos sexuales, trata de personas y actividades conectadas con el narcotráfico. Aunque los números son favorables para el relato oficial, no hay evidencia sólida de que exista una política integral sostenida detrás. La mayoría de las iniciativas se inscriben en decisiones casi exclusivamente represivas y con poco acompañamiento desde el área de prevención social o reinserción. Así, mientras la tasa baja, el entramado estructural que explica la violencia sigue intacto en muchos territorios.

La Administración Milei apuesta por convertir estas cifras en una bandera de gestión. La ministra destacó que “cada homicidio es una vida” y que el objetivo final es la erradicación de estos crímenes. Pero más allá del discurso, lo que está en juego es el modelo de gobernabilidad que el Ejecutivo desea instalar: uno enfocado en resultados visibles, con poco margen para el disenso, y donde todo indicador positivo se transforma en argumento político para sostener el rumbo ante reformas impopulares.

Lo cierto es que, en tiempos de alta conflictividad económica y una clara polarización social, la caída sostenida del delito letal podría darle al oficialismo una herramienta esencial para sostener su legitimidad frente a un electorado que necesita sentir que, al menos en algunos frentes, “la cosa mejora”. Sin embargo, para que esa narrativa no se erosione, el Gobierno deberá sostener no solo los indicadores, sino también la transparencia del sistema que los mide.