ATE desafía al Gobierno y convoca a tomar el feriado estatal pese al decreto de Milei

La pulseada entre el Gobierno nacional y los gremios estatales sumó una nueva tensión con la decisión de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de convocar a los empleados públicos del país a tomar el viernes 27 de junio como feriado, en abierta desobediencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 que eliminó la jornada no laborable conmemorativa del Día del Trabajador Estatal. La medida reaviva el clima de confrontación que la administración de Javier Milei mantiene con los sindicatos desde el inicio de su gestión.

Para ATE, el decreto representa una provocación innecesaria en medio de un contexto de ajuste y pérdida sostenida del poder adquisitivo del sector público, donde los gremios denuncian que se están desmantelando derechos laborales adquiridos. “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Nos quieren castigar porque fuimos los primeros en resistirlos”, declaró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, endureciendo el tono discursivo que lo caracteriza desde que asumió el liderazgo nacional.

Lejos de limitarse a una declaración institucional, ATE convocó a una conferencia de prensa desde la Secretaría de Trabajo y prepara un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar el decreto presidencial. Al mismo tiempo, el gremio garantizó respaldo legal a todos los trabajadores que decidan tomarse el día, en base a lo que todavía sostiene la Ley 26.876 sancionada en 2013, que establece el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional.

El conflicto se dispara a partir de lo que el oficialismo definió como una medida simbólica para “restaurar la cultura del trabajo”, justificando la eliminación del feriado por considerarlo un “privilegio corporativo injustificado”. Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la iniciativa que lleva la firma de todo el gabinete mileísta. “El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, afirmó como corolario de una línea argumentativa que ya había sido anticipada semanas atrás por el propio presidente.

Desde el Ejecutivo se busca instalar una narrativa en la que los feriados de carácter sectorial reducen la productividad del Estado y refuerzan una lógica sindical que, en palabras de la administración central, “atenta contra la eficiencia y el sentido del deber público”. Bajo esa misma línea, el DNU publicado en el Boletín Oficial apunta directamente contra la legislación impulsada en la última década por justificar “asimilaciones artificiales al régimen de feriados nacionales”.

Sin embargo, desde la vereda gremial se subraya el trasfondo ideológico de la decisión. El Día del Trabajador del Estado fue instaurado en conmemoración de la adopción del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que impulsó el reconocimiento de la negociación colectiva en el sector público. En ese sentido, Aguiar acusó al Gobierno de desconocer la historia reciente del derecho laboral internacional, afirmando: “La ignorancia de este Gobierno es infinita”.

Más allá del acto de desobediencia simbólica, el gremio dejó abierta la posibilidad de realizar medidas de fuerza concretas el viernes. “Todavía no descartamos un paro nacional”, advirtió el dirigente, al tiempo que exhortó a gobernadores e intendentes a desoír el decreto nacional y declarar el día como no laborable en sus respectivas jurisdicciones. Un llamado que juega a dos bandas: tensiona a las provincias alineadas con la Casa Rosada, pero al mismo tiempo busca sumar respaldo político de mandatarios distanciados del plan motosierra.

El trasfondo político de esta disputa trasciende un simple feriado. Lo que está en juego es el modelo de gestión estatal que el oficialismo quiere consolidar. Para Milei, el Estado debe reducirse al mínimo posible, y ello implica también demoler vínculos históricos entre las instituciones públicas y las estructuras sindicales. En esa lógica, neutralizar la capacidad de movilización de los gremios estatales es un objetivo estratégico. Eliminar esta fecha simbólica sería, desde esa óptica, un paso en esa dirección.

Pero el escenario señala una advertencia: el conflicto con ATE podría ser apenas un primer capítulo. Otros sindicatos ya observan con atención la resolución de esta contienda. Si el Gobierno logra avanzar sin resistencia efectiva, se sentará un precedente que podría extenderse a otras instancias de negociación laboral. Por el contrario, un revés judicial o una movilización masiva en defensa del día del trabajador estatal podría desatar una nueva ola de protestas, justo cuando el Ejecutivo busca fortalecer su relato de orden y eficiencia.