Baja de retenciones: desafíos fiscales y logísticos

Funes de Rioja respalda la medida pero señala desafíos estructurales

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, respaldó la decisión del Gobierno de Argentina de reducir las retenciones a sectores específicos, aunque hizo énfasis en los desafíos fiscales y logísticos que esta medida podría implicar. En declaraciones recientes, el dirigente sostuvo que la reducción puede ser beneficiosa para estimular ciertas actividades económicas, pero advirtió que debe ser acompañada por un marco que garantice una recaudación fiscal sostenible y mejoras en infraestructura para maximizar su impacto positivo.

La posición de Funes de Rioja llega en un contexto en el que múltiples sectores empresariales y del agro han celebrado la decisión oficial como una oportunidad para ganar competitividad, especialmente de cara a la exportación. Sin embargo, el dirigente industrial subrayó la importancia de equilibrar los beneficios inmediatos con la sostenibilidad económica a largo plazo. Según afirmó, “es importante no perder de vista el marco fiscal para garantizar que las cuentas públicas puedan sostenerse”.

La medida de reducción de retenciones también pone bajo el reflector las condiciones logísticas del país, un aspecto que —según varias voces del sector industrial— requiere una atención urgente. Funes de Rioja destacó la necesidad de mejorar la infraestructura, tanto en términos de transporte como de conectividad, para aumentar la competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales.

Análisis de la sostenibilidad fiscal

Uno de los puntos más destacados por Funes de Rioja tiene que ver con el impacto fiscal de la baja de retenciones. Aunque la medida apunta a fortalecer ciertos sectores exportadores, el dirigente señaló que será esencial evitar un efecto adverso en las finanzas públicas. Argentina atraviesa un complicado escenario económico, caracterizado por altos niveles de inflación y un déficit fiscal significativo. La reducción en la recaudación implica nuevos desafíos para el Gobierno, que deberá buscar fuentes de ingresos alternativas o aplicar recortes en otras áreas clave.

La relación entre la política de retenciones y los ingresos del Estado ha sido históricamente un tema sensible en Argentina. Estas tasas, especialmente sobre las exportaciones agrícolas, representan una importante fuente de ingresos fiscales. Sin embargo, también han sido motivo de profundo debate, con distintos sectores reclamando la eliminación o reducción de estas cargas para incentivar la producción y el ingreso de divisas.

En este sentido, Funes de Rioja planteó cuestiones clave: “¿Cómo se compensará la pérdida de ingresos fiscales? ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar que crezca el déficit fiscal?”. Estas preguntas abren un interrogante sobre la capacidad de la administración para llevar adelante un ajuste eficiente sin comprometer los servicios públicos esenciales ni afectar a otros sectores de la economía.

Retenciones y competitividad

La competitividad de los productos argentinos es una de las principales razones esgrimidas para justificar la medida. Mediante la reducción de las retenciones, se busca disminuir los costos para los productores y facilitar su inserción en los mercados internacionales. Según los impulsores de esta estrategia, podría generar un círculo virtuoso que, a mediano plazo, aumente el volumen de exportaciones y contribuya al ingreso de divisas imprescindibles para el país.

Sin embargo, Funes de Rioja destacó que esta competitividad no puede sostenerse únicamente sobre la baja de impuestos a las exportaciones. “Hay problemas estructurales que limitan la competitividad, en especial en términos logísticos y de infraestructura”, expresó. Argentina enfrenta desafíos significativos en el transporte de mercancías debido al estado de sus rutas terrestres, la falta de inversión en infraestructura ferroviaria y las deficiencias en el sistema portuario.

Los costos logísticos en el país son elevados en comparación con otros competidores internacionales. Según distintos estudios, representan un porcentaje considerable del precio final de los productos exportados. En este sentido, muchos analistas coinciden en que mejorar las condiciones de transporte y almacenamiento sería vital para potenciar los beneficios derivados de una menor carga impositiva.

La infraestructura logística como pilar clave

Las inquietudes de Funes de Rioja reflejan un problema estructural que enfrenta el país: la falta de modernización logística e infraestructura competitiva. Los mayores costos de transporte no solo afectan a los productos agropecuarios, sino que también repercuten en la industria manufacturera y otros sectores orientados a la exportación.

Por ejemplo, grandes extensiones de territorio no cuentan con acceso a sistemas ferroviarios eficientes, lo que obliga a los productores a depender en gran medida del transporte terrestre, que es más costoso y menos eficiente. Asimismo, el envejecimiento y la falta de modernización de los puertos generan demoras y encarecen los costos en las operaciones de comercio exterior. Esto representa una desventaja frente a otros mercados de exportación como Brasil, Chile o Uruguay.

Estas limitaciones podrían suavizarse mediante un plan de inversión a largo plazo en infraestructura. Sin embargo, en el escenario económico actual, esa inversión enfrenta restricciones presupuestarias considerables. Según Funes de Rioja, este es un punto que debe ser analizado con detenimiento para no agravar los desequilibrios fiscales existentes.

El rol del Gobierno y sector privado

En este marco, la articulación entre el sector público y privado aparece como una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos tanto fiscales como logísticos. Mientras que el Gobierno debe ofrecer un entorno regulatorio y económico favorable, el sector privado puede contribuir con inversiones alineadas a objetivos estratégicos compartidos.

La baja de retenciones, si bien representa un alivio para algunos sectores, también podría ser vista como una oportunidad para exigir mejoras en políticas vinculadas a la infraestructura y la logística. Según Funes de Rioja, la clave radica en adoptar un enfoque integral: “No podemos pensar que solo bajando impuestos vamos a resolver los problemas de competitividad. Hay que mirar el panorama completo y trabajar en soluciones estructurales”.

En este sentido, la UIA se ha mostrado predispuesta a colaborar con el Gobierno nacional en la construcción de una agenda común que permita superar estos retos. La participación del sector industrial podría ser fundamental para identificar las principales prioridades en materia de infraestructura y aportar financiamiento en proyectos estratégicos.

¿Cuáles son los próximos pasos?

La implementación efectiva de la baja en las retenciones y su impacto dependerán de una serie de factores aún por definir. Entre ellos, el diseño de programas que garanticen la sostenibilidad fiscal, la identificación de sectores clave que puedan traccionar el crecimiento económico y la mejora en las condiciones logísticas para aumentar la competitividad en el comercio internacional.

Las declaraciones de Funes de Rioja sirven para abrir un debate más amplio sobre las políticas económicas necesarias para superar los desafíos estructurales de Argentina. La medida tomada podría ser el inicio de un camino de mayores transformaciones, pero requerirá esfuerzos mancomunados tanto del sector público como privado. ¿Está la economía argentina preparada para transitar este proceso sin incurrir en nuevos desequilibrios?

Quedan, por tanto, abiertas varias preguntas clave: ¿Podrá el Gobierno diseñar políticas complementarias que apunten hacia una mayor competitividad? ¿Logrará estabilizar las cuentas fiscales al tiempo que reduce la carga impositiva a los sectores productivos? Estas incógnitas definen el contexto en el que se evaluará el éxito o el fracaso de esta iniciativa a lo largo del tiempo.