En un contexto político y económico cargado de tensión, dos temas han ocupado recientemente la atención pública: la controversial prórroga del impuesto a los pasajes al exterior y el llamado del Gobierno nacional a los Gobernadores para que intervengan en la administración de los municipios. Estos dos hechos, aparentemente desconectados, revelan una constante en la política argentina: la aplicación de un doble estándar que agrava las desigualdades sociales y económicas en el país.

Un impuesto cuestionado y su prórroga inconstitucional

El impuesto que grava los pasajes al exterior, conocido como “impuesto PAIS”, fue creado originalmente como una medida provisoria destinada a desalentar la salida de divisas. Sin embargo, con el paso de los años, esta herramienta impositiva se ha prorrogado en diversas ocasiones, desdibujando no solo su carácter temporal sino también su legalidad. La última prórroga, llevada a cabo unilateralmente por el Poder Ejecutivo, ha generado un intensificado rechazo, ya que muchos expertos consideran que esta medida carece de respaldo constitucional.

“El Congreso debería ser el único órgano responsable de discutir la prolongación de este tipo de impuestos”, sostienen especialistas en derecho tributario como Sebastián Domínguez. Por otro lado, sectores del turismo y aerolíneas han denunciado un impacto negativo significativo, argumentando que el impuesto no solo reduce el acceso al turismo internacional, sino que también afecta la industria interna, interrumpiendo la competitividad del sector.

El peso desigual sobre los ciudadanos

Uno de los puntos más críticos es la segmentación del impacto que este impuesto ejerce entre diferentes estratos de la sociedad. A pesar de que su justificación inicial estaba sostenida en “cuidar las reservas del Banco Central”, el impuesto PAIS termina afectando mayormente a la clase media y baja, quienes deben lidiar con incrementos significativos al intentar adquirir paquetes turísticos. Mientras tanto, empresarios y sectores adinerados suelen tener alternativas que les permiten esquivar las consecuencias de dicho impuesto, algo que refuerza el sentimiento de desigualdad en la población.

El llamado a los Gobernadores: ¿Descentralización o presión política?

En paralelo, el Gobierno nacional ha instado a los Gobernadores provinciales a “poner en caja” a los municipios, particularmente aquellos que exhiben desequilibrios financieros. Este pedido, según explican fuentes cercanas a la Casa Rosada, responde a la necesidad de recortar déficits en un contexto de ajustadas cuentas públicas. Sin embargo, la medida no está libre de polémica, ya que ha generado cuestionamientos sobre la intromisión del Gobierno central en los asuntos locales y los niveles de autonomía que las provincias y municipios deben mantener según la Constitución.

En territorios como Buenos Aires y Córdoba, el llamado ha sido especialmente complejo. Gobernadores como Axel Kicillof advirtieron que los desajustes estructurales en muchas municipalidades no son algo reciente, sino la acumulación de décadas de mala gestión combinada con estructuras impositivas inadecuadas.

¿Un problema de fondo o una solución de corto plazo?

La verdadera pregunta radica en si esta solicitud del Gobierno nacional es un intento genuino por fomentar un orden fiscal o si busca diluir responsabilidades propias en un año electoral. Analistas como Fausto Spotorno sostienen que delegar la presión presupuestaria a los niveles más bajos del Estado (intendencias y municipios) no resuelve el problema macroeconómico de fondo. Asimismo, indica que actualmente no existen herramientas técnicas o políticas que garanticen una mayor eficiencia en el uso de recursos municipales.

Por otro lado, se plantea la cuestión de la desigualdad territorial. Los municipios más vulnerables, con menores ingresos tributarios, son los que enfrentarán las mayores dificultades para hacer frente a estas demandas de ajuste. Esto podría profundizar las disparidades entre las regiones más desarrolladas y las históricamente relegadas del país.

La doble vara en la política: el trasfondo discursivo

Estos dos debates —la prórroga del impuesto a los pasajes al exterior y el reclamo fiscal a los municipios— ilustran una práctica recurrente en la política nacional: la aplicación de un doble estándar que agrava las inequidades existentes. Mientras que se adopta un discurso de ajuste para exigir sacrificios a ciertos sectores sociales y gobiernos locales, otros actores más influyentes parecen quedar al margen de tales exigencias.

En el caso del impuesto PAIS, la medida golpea de forma desproporcionada a la clase media y media-baja, sin aplicarse con el mismo rigor a quienes tienen recursos para eludir estas restricciones. En cuanto al llamado a los Gobernadores, si bien puede justificarse desde la perspectiva del orden fiscal, también pone en evidencia una tendencia histórica a delegar la carga de los ajustes a los niveles más bajos del Estado, en lugar de articular un plan integral que contemple criterios de equidad y desarrollo sostenible.

Una agenda pendiente

La discusión sobre la desigualdad y la doble vara en la política argentina es, sin dudas, una tarea pendiente para todas las fuerzas políticas. La transparencia, la equidad y la sostenibilidad de las medidas adoptadas seguirán siendo temas centrales en el escenario público, en un momento donde las demandas sociales exigen no solo eficiencia, sino también justicia en la toma de decisiones.

Fuente: Felipe Leibovich