Fiscalía se opone al arresto domiciliario de Cristina Kirchner y pone en tela de juicio la seguridad de su hogar

En una decisión que vuelve a tensar la cuerda política y judicial, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron su rechazo al pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Lo hicieron mediante un documento de diez páginas elevado al Tribunal Oral Federal 2, organismo que ahora debe resolver si hace lugar o no a la solicitud de la ex presidenta, condenada a seis años de prisión por el caso Vialidad.

Luciani y Mola sostienen con firmeza que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional” como el arresto en su domicilio. En su argumentación, destacaron que no existen motivos de salud ni personales vinculados a su edad –72 años– que configuren un trato inhumano o indigno si cumpliera su condena en una unidad penitenciaria. La negativa parece no estar fundada únicamente en cuestiones técnicas, sino en una lectura más amplia del mensaje institucional que podría implicar una eventual concesión de privilegios.

Se trata de un dictamen que puede no ser vinculante, pero no por eso menos determinante en términos políticos. Los fiscales plantearon, además, que si se llegara a conceder el arresto domiciliario, este debería estar sujeto a una vigilancia estricta, incluyendo el uso obligatorio de una tobillera electrónica. Rechazaron también que la custodia quede en manos de la Policía Federal, la misma fuerza que actualmente protege a Kirchner, enfatizando que esa tarea debe quedar a cargo de agentes penitenciarios especializados.

El Tribunal tiene la presión no solo de resolver un pedido de alto voltaje, sino de emitir una señal frente a un proceso judicial que marcó el tramo final del kirchnerismo en el poder. En ese sentido, la comparación no fue casual: Luciani y Mola recordaron el caso reciente del ex funcionario Ricardo Jaime, a quien se le negó la prisión domiciliaria a pesar de haber superado los 70 años, criterio que debe ser aplicado con reserva y no como un automatismo.

La Fiscalía también sembró dudas sobre la idoneidad de la vivienda ubicada en la calle San José 1.111, en Monserrat, como lugar de detención. Señalaron que su localización en el centro porteño podría dificultar las condiciones de seguridad, dados los antecedentes de movilizaciones y protestas. La preocupación es tanto logística como simbólica: de confirmarse ese domicilio, se abriría un frente delicado en cuanto a la exposición del Poder Judicial frente a la presión política y social.

Otro eje abordado involucra el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner en 2022. La defensa de la ex presidenta había alegado ese hecho como un argumento de peso para evitar una detención en condiciones ordinarias, dado su estatus y potencial riesgo. Sin embargo, los fiscales relativizaron esta cuestión, y sostuvieron que esos factores son perfectamente manejables en los espacios de detención propuestos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Más allá del aspecto técnico, el rechazo fiscal desliza un mensaje institucional: no hay margen para la excepcionalidad si no hay fundamentos objetivos que la respalden. Luciani y Mola apuntaron a la necesidad de evitar que la ejecución de una pena privativa de libertad pueda ser erosionada por pedidos que apelan a cuestiones que son más políticas que jurídicas. En ese sentido, previnieron sobre el precedente que implicaría ampliar el uso del arresto domiciliario como herramienta predeterminada para figuras de alto perfil.

En paralelo a esta resolución, la causa Vialidad sigue generando movimientos. Además del dictamen sobre Kirchner, el ex secretario de Obras Públicas, José López, optó por entregarse tras recibir la misma condena de seis años. Su decisión se lee también como un gesto frente a un fallo que busca mostrar firmeza institucional, en un contexto donde la Justicia enfrenta críticas tanto por supuestos favoritismos como por una supuesta persecución política.

El presente de Cristina Kirchner queda suspendido entre una celda y un departamento monitoreado. En un juego en el que se entrecruzan derechos, garantías, poder y narrativa, cualquier decisión que tome el tribunal será leída más allá de lo jurídico. Los fiscales ya definieron su postura: cumplimiento pleno de la pena y sin concesiones. Lo que sigue ahora es ver si el Tribunal sostiene ese criterio o elige otro camino, con todas las consecuencias que eso implicaría tanto en términos políticos como sociales.