Gobernadores peronistas se alinean con el plan del Gobierno para captar dólares no declarados

En una jugada que reafirma ciertas alianzas estratégicas entre la administración nacional y el peronismo provincial, los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán decidieron adherirse al régimen de información fiscal impulsado por el ministro de Economía. El objetivo: detectar y canalizar los denominados “dólares del colchón” en un intento por reactivar el circuito formal de divisas y dinamizar una economía que continúa asfixiada.

La decisión llega en un momento donde el reclamo por la caída en los fondos coparticipables escala entre los mandatarios provinciales. En mayo, la coparticipación nacional experimentó una baja real interanual del 23,3%, aunque se verificó una mejora del 25% en relación al mes anterior. A pesar de este repunte, las provincias proyectan para este año una pérdida promedio del 4% en términos reales, lo cual alimenta tensiones con el Poder Ejecutivo.

En ese contexto, Jalil y Jaldo no solo fueron los primeros en alinearse con el esquema de blanqueo fiscal que propone la Casa Rosada, sino que además activaron un efecto contagio: esta semana se sumarían Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), ampliando el respaldo político al programa de regularización de divisas. La adhesión de estos gobernadores no es casual; todos ellos representan territorios con vínculos fluidos con el Gobierno nacional, ya sea desde el pragmatismo o por intereses coyunturales alineados.

Desde el Ejecutivo sostienen que el plan facilitará inversiones inmediatas, al otorgar una salida legal a fondos que hasta ahora permanecían fuera del alcance fiscal. “Va a permitir que aquellas personas que han ahorrado puedan invertir o gastar ese dinero de forma legal y segura”, justificaron desde una gobernación aliada. La lectura política es clara: respaldar el plan representa una moneda de cambio para obtener indulgencias en la reasignación de recursos o al menos tener acceso a una mesa de negociación en un contexto de relaciones cada vez más tensas.

El Gobierno nacional apuesta a traducir esta iniciativa en una reforma legal de mayor calado. En el Congreso, buscará apoyo para modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal. Entre los cambios, se planea elevar el piso de evasión fiscal considerada delito de 1,5 millones de pesos a 100 millones, y reducir los plazos de prescripción de cinco a tres años. Para ello, necesitara de nuevo un compromiso político de los gobernadores, ya que muchos de sus diputados y senadores desempeñarán un rol clave en la votación.

La relación con otras provincias, sin embargo, es menos armoniosa. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires mostraron reparos. En ambos casos se insiste en que la adhesión debe tener respaldo legislativo. Córdoba expresó la misma postura: aunque acompañará, girará el proyecto a su Legislatura unicameral. Por su parte, el gobernador bonaerense mantiene su rechazo hasta contar con un marco legal nacional que garantice seguridad jurídica para los contribuyentes.

Detrás del telón del entusiasmo por captar fondos informales, los números de coparticipación siguen generando preocupación. En particular, la baja en el impuesto a las ganancias, que cayó 39,9% en términos reales interanuales, representa un golpe sensible para las arcas provinciales. Aunque hubo una leve expansión del 2,7% real acumulada en los primeros cinco meses del año, esa mejora palidece frente al rendimiento de años anteriores. Salta fue la jurisdicción con la mayor expansión (6,5%), mientras que CABA mostró el crecimiento más limitado (0,3%).

Los impuestos internos experimentaron un crecimiento real del 9,6%, y algunas categorías lograron avances destacables, como los tributos a los combustibles líquidos (51,4%) o el monotributo (128,2%). Sin embargo, los grandes componentes de la coparticipación —el IVA y Ganancias— continúan sin remontar. Ganancias sigue desplomándose y el IVA, índice clave de actividad económica, cedió un 1,1% en términos reales.

De fondo, se configura una interna entre jurisdicciones alineadas y críticas, con una dinámica oscilante entre la necesidad de fondos y la disputa por autonomía legislativa. El pragmatismo de algunos mandatarios que deciden apoyar el esquema de manera anticipada parece responder a una lógica de supervivencia política y fiscal. Mientras tanto, desde Casa Rosada se sostiene el libreto libertario de reducir el gasto y formalizar la economía, aunque ahora se recurre a mecanismos que remiten, sin ambages, a anteriores estrategias de blanqueo del sistema financiero.

El Consejo Federal de Inversiones será esta semana la arena donde se confrontarán las posturas. Entre cálculos de coparticipación, caídas en la obra pública y el nuevo esquema fiscal, los gobernadores buscarán reconvertir sus reclamos en activos políticos. Por ahora, el plan de “captar los dólares del colchón” avanza con aliados que ven más oportunismo que ideología en el respaldo al oficialismo.