El Gobierno mueve sus fichas para bloquear la ofensiva opositora sobre jubilaciones y discapacidad

En un nuevo capítulo de tensión legislativa, el oficialismo juega fuerte para desarticular la sesión impulsada por la oposición en Diputados, que busca debatir iniciativas clave en áreas sensibles como las jubilaciones y la discapacidad. El Ejecutivo, a través de su brazo económico, alerta sobre un impacto fiscal de unos 12.000 millones de dólares, lo que equivale al 1,8% del PBI, una cifra que incomoda profundamente a un gobierno cuyo mantra es el equilibrio fiscal.

Los movimientos comenzaron el jueves en la Cámara baja, con la visita del secretario de Hacienda Carlos Guberman al despacho de su presidente, Martín Menem. La reunión no fue protocolar; el funcionario trajo consigo un informe del equipo del ministro Luis Caputo que busca desnudar el “costo político y económico” de los proyectos propuestos por la oposición.

Menem se encargó de amplificar el mensaje. Con tono combativo, acusó a sectores del peronismo y sus aliados de disfrazar con causas nobles una táctica para romper la estabilidad económica alcanzada por el gobierno. “Una vez más el kirchnerismo, con total irresponsabilidad, propone proyectos demagógicos que nos harían retroceder”, disparó. Sostuvo que detrás de la moratoria previsional o el refuerzo en discapacidad, se oculta el interés por dinamitar la disciplina fiscal para debilitar a la gestión actual.

En reserva, fuentes parlamentarias confirmaron que por ahora no hay señales de concesiones del oficialismo, ni siquiera a los aliados naturales como el PRO o la UCR, que presionan por alguna señal que les evite quedar en una posición incómoda votando en contra de demandas con fuerte carga social. Sin embargo, el plan por ahora es cerrar filas y bloquear el quórum, una jugada que ya resultó en el intento frustrado del 21 de mayo pasado, cuando el temario incluía iniciativas similares.

La oposición, esta vez, aprendió. Eliminó del temario la espinosa discusión por la Auditoría General de la Nación, una maniobra que semanas atrás fracturó el tablero. A su favor también cuenta con una creciente presión social. Jubilados movilizados todas las semanas frente al Congreso y organizaciones de discapacidad que encabezaron protestas en todo el país le han sumado fuerza simbólica y visibilidad al reclamo. En ese clima, varios diputados con trayectoria confrontaron públicamente a Menem. Uno de ellos fue Julio Cobos, quien lo acusó de bloquear la discusión del Presupuesto deliberadamente y usar la discrecionalidad para priorizar partidas como las de inteligencia sobre áreas sociales.

El trasfondo de esta pulseada va más allá del Congreso. En la Casa Rosada saben que ceder en este tema puede abrir una compuerta de demandas difíciles de gestionar y amenaza directa al relato fiscalista. Pero también entienden que resistir sin concesiones implica tensionar con bloques “dialoguistas” cuyo respaldo necesitan para futuras reformas estructurales.

Los números ofrecidos por la Oficina de Presupuesto del Congreso aportan complejidad al debate. Según sus cálculos, la prórroga de la moratoria previsional implica un gasto de apenas 0,165% del PBI en dos años. En discapacidad, dependiendo del escenario, el costo podría oscilar entre 0,22% y 0,42% del PBI, considerando nuevas altas, compensaciones a prestadores y refuerzos presupuestarios. No se trata de montos despreciables, pero tampoco catastróficos en términos macroeconómicos. Lo que está en juego es, más bien, el control de la caja y de la narrativa política.

La sesión que la oposición busca activar incluye además una declaración de emergencia para municipios inundados en Buenos Aires, como Zárate. Es un contexto en el que se mezclan demandas sociales urgentes con la estrategia legislativa de quienes buscan relanzar un bloque de poder capaz de disputar al oficialismo su hegemonía parlamentaria. De fondo, aparecen también las tensiones internas del radicalismo, dividido entre moderados que no quieren quedar atados al Gobierno y duros que aún dudan en cruzar el Rubicón.

Lo que ocurra en los próximos días marcará un punto de inflexión. El oficialismo se juega su autoridad frente al Congreso y su compromiso de blindar el equilibrio fiscal. La oposición, por su parte, pone a prueba su capacidad de articular agendas con potencia comunicacional y sensibilidad pública. Ningún bando quiere ceder, pero la presión social, el desgaste en las provincias y la urgencia que impone la calle podrían empujar a una resolución menos frontal de lo que hoy parece.