El Congreso enfrenta una intensa disputa entre oficialismo y oposición, enfocándose en agendas divergentes. La oposición impulsa demandas sociales ante la falta de diálogo, mientras el oficialismo responde con iniciativas de alto impacto político. El contexto social y la atomización en la Cámara complican la gobernabilidad y el control institucional.
Fuego cruzado en Diputados: pulseada entre oficialismo y oposición por la agenda legislativa
El Congreso se convierte esta semana en escenario de una disputa abierta entre el oficialismo y la oposición, cada uno con su propia agenda y sin señales de diálogo. Mientras bloques opositores avanzan con un temario fuertemente anclado en demandas sociales —como la emergencia en discapacidad, la asistencia a municipios bonaerenses afectados por el temporal y una nueva moratoria previsional—, el oficialismo pretende desactivar ese impulso con iniciativas “duras” y de alto impacto político como la ley antibarras y una renovada ofensiva retórica contra lo que catalogan como “obstáculos internos al cambio”.
La Cámara de Diputados será el epicentro de la disputa. El clima ya estaba enrarecido y se tensó aún más luego de que Martín Menem, presidente del cuerpo legislativo, se reuniera con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para analizar el posible impacto fiscal de los proyectos empujados por la oposición. Sin embargo, no hubo hasta ahora un movimiento concreto para frenar la embestida opositora; por el contrario, voceros cercanos a Menem aseguran que “no se caerá en la trampa de quienes quieren hacer fracasar al gobierno”.
Ese lenguaje evidencia la estrategia discursiva del oficialismo: deslegitimar las demandas opositoras al presentarlas como sabotaje deliberado. Pero los números vuelven posible lo que el oficialismo teme: una sesión con mayoría opositora podría prosperar y marcarle la cancha a la Casa Rosada. La clave estará en cómo se alinean los bloques federales, particularmente aquellos con gobernadores presionados por la situación social en sus provincias. La ayuda económica a distritos afectados por el último temporal resulta un anzuelo poderoso.
En paralelo, La Libertad Avanza anticipa que volverá a empujar proyectos de su agenda punitivista, reafirmando su identidad con iniciativas como la ley antibarras. La señal va dirigida tanto al electorado como a un sector del peronismo dispuesto a endurecer posiciones, en especial tras la presión mediática frente a una agenda social que consideran “gasto innecesario” en un contexto de déficit fiscal crónico.
El tablero se complica aún más con el reciente crecimiento del malestar social en sectores vulnerables. La emergencia en discapacidad no es sólo bandera de lucha para organizaciones civiles, sino que también empieza a generar adhesiones dentro del Congreso, incluso en bloques que se habían mantenido hasta ahora en la neutralidad. La presión pública podría transformar el proyecto en un caso testigo sobre gobernabilidad y sensibilidad política.
Algunos legisladores del radicalismo y sectores disidentes del PRO analizan acompañar parte del temario, aunque con modificaciones que les permitan conservar margen ante sus bases conservadoras. La oposición intenta transmitir que no impulsa una agenda antagonista por capricho, sino como respuesta a urgencias que la gestión nacional no aborda con la rapidez necesaria. La apuesta es doble: exhibir vocación de poder y posicionarse como alternativa para los próximos meses.
Sin embargo, la atomización de la Cámara sigue siendo el factor determinante. La ingeniería parlamentaria necesaria para lograr una mayoría efectiva depende de negociaciones quirúrgicas. Y si algo ha dejado claro este Congreso es que la disciplina partidaria quedó pulverizada; cada voto se negocia caso por caso. En ese contexto, los márgenes de maniobra del oficialismo son cada vez más estrechos.
El termómetro político marcará esta semana una temperatura alta. La escena legislativa podría dejar consecuencias más allá del recinto: si la oposición logra sesionar con éxito y sancionar al menos parte de sus proyectos, marcará una nueva etapa en la consolidación de su rol. Pero si el oficialismo logra trabar la iniciativa sin ceder legitimidad, consolidará su control institucional. Todo apunta a una partida estratégica donde la agenda parlamentaria es mucho más que un listado: es la llave para disputar poder real.